Un operativo policial simultáneo ejecutado en las provincias de El Oro, Santo Domingo y Manabí dejó como resultado la captura de diez presuntos extorsionadores. Entre los sospechosos se encuentran dos objetivos de valor priorizado. La intervención se ejecutó tras una serie de investigaciones destinadas a desarticular redes delictivas dedicadas a la extorsión, informó el ministro del Interior, John Reimberg.
A través de los canales oficiales, Reimberg señaló que el despliegue táctico fue liderado por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE), en coordinación directa con la Fiscalía General del Estado (FGE), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CNI) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
Las fuerzas del orden hicieron cumplir diez órdenes de detención con fines investigativos mediante allanamientos en inmuebles estratégicos localizados en las tres jurisdicciones provinciales mencionadas. La investigación formal de este caso penal se originó a partir de la denuncia de una persona afectada, quien reportó recibir constantes amenazas y exigencias económicas.
Todos los detenidos a órdenes de las autoridades
Conforme a las indagaciones preliminares, sujetos desconocidos colocaron un artefacto explosivo en la propiedad de la víctima junto a un panfleto intimidatorio que portaba el logotipo de la organización "Los Lobos Box". Mediante este método de presión, los implicados presuntamente obligaban al ciudadano a realizar depósitos periódicos de dinero en diferentes cuentas bancarias.
Entre las diez personas privadas de la libertad se identificó a Vicente Alejandro Loayza Pizarro y Lilian Noelia Moreira Aray, ambos catalogados formalmente por las autoridades de seguridad como Objetivos Criminales Priorizados debido a su presunta relevancia dentro de la estructura delictiva investigada.
Respectivas audiencias de formulación de cargos
Los demás ciudadanos aprehendidos durante los allanamientos simultáneos fueron plenamente identificados como Ariana Nayely Cedeño Alonzo, María Gabriela Loayza Pizarro, Anthony Roberto Echeverría Valverde, Edison Santiago Holguín Alava, Andris Ariana Puche Hernández, Gabriela Elizabeth Cedeño Muñoz, Claudio Alejandro Loor Andrade y Angélica Susana Rodríguez Briones.
Todos ellos permanecen a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de sus respectivas audiencias de formulación de cargos. Durante el registro y las inspecciones técnicas de los inmuebles allanados, los agentes de la Policía Nacional e investigadores recolectaron un total de 14 teléfonos celulares como indicios principales del delito.
Estos equipos de comunicación masiva ingresaron bajo cadena de custodia para ser sometidos a las pericias tecnológicas de rigor, con el fin de determinar el origen de las llamadas extorsivas y los mensajes de texto empleados para amedrentar a las víctimas.
