El Consejo de la Judicatura (CJ) solicitó este lunes 22 de junio del 2026 a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General y a la Asamblea Nacional que investiguen la prescripción de 23 procesos disciplinarios ocurrida en julio de 2025. Y es que varios de ellos son vinculados a servidores judiciales relacionados con los casos de corrupción Purga y Metástasis.
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Pleno del organismo, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales de las anteriores autoridades de la Judicatura.
Razones de la prescripción
De los 23 expedientes extinguidos, 20 prescribieron debido a la imposibilidad de instalar sesiones del Pleno por la ausencia de la entonces vocal Solanda Goyes (N.S.G.Q.), quien presentó certificados médicos que impedían sesionar con el quórum necesario.
Los tres procesos restantes caducaron por falta de convocatoria oportuna al Pleno, pese a que la vocal ya se encontraba habilitada para participar. La prescripción se produjo durante la administración anterior, encabezada por Mario Godoy, junto a las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui.
Posición de la actual administración
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ofreció disculpas públicas por lo ocurrido y aclaró que la actual administración no intervino en los expedientes antes de su prescripción.
"Hoy hemos tenido que declarar la prescripción de 23 procesos, pese a que no estamos contentos con hacerlo, pero es lo que corresponde jurídicamente", manifestó. Las actuales autoridades indicaron que los expedientes no fueron revisados por el actual Pleno y que su actuación se limita a resolver trámites pendientes de la gestión anterior.
Contexto de los casos Purga y Metástasis
Los casos Purga y Metástasis figuran entre los mayores escándalos de corrupción y delincuencia organizada que han afectado al sistema judicial ecuatoriano. Ambos involucran a jueces, fiscales y otros servidores de la Función Judicial presuntamente vinculados a redes de narcotráfico e influencia indebida en procesos judiciales.
Con esta acción, el Consejo de la Judicatura busca evitar la impunidad y fortalecer los mecanismos institucionales para que los procesos disciplinarios vinculados a corrupción y delincuencia organizada se resuelvan dentro de los plazos legales establecidos.
