La Legislatura de la provincia de Salta, en el norte de Argentina, aprobó el 16 de abril la Ley 8534, conocida como "Ley Octorina", una normativa que reconoce por primera vez una práctica sistemática de abuso sexual contra niñas y mujeres indígenas como una forma específica de violencia basada en discriminación étnica y de género.
La medida surge tras años de denuncias y movilización de organizaciones indígenas que reclamaban herramientas institucionales para prevenir estos hechos y acompañar a las víctimas.
Durante décadas, comunidades indígenas del norte argentino denunciaron agresiones sexuales cometidas contra niñas, adolescentes y mujeres originarias por hombres no indígenas, una práctica conocida popularmente como "chineo".
Diversas organizaciones sostienen que estos hechos han permanecido invisibilizados por barreras sociales, culturales e institucionales, señala una publicación de la plataforma Democracia Abierta.
La nueva legislación no crea delitos penales ni modifica las sanciones existentes en el Código Penal argentino. Sin embargo, establece mecanismos de prevención, sensibilización, capacitación y acompañamiento institucional dirigidos a combatir esta forma de violencia.
La norma fue impulsada en homenaje a Octorina Zamora, reconocida lideresa del pueblo wichí y defensora de los derechos de los pueblos originarios, fallecida en 2022 tras décadas de activismo en favor de las comunidades indígenas de Salta.
Una demanda construida durante años
La aprobación de la ley es resultado de un proceso impulsado por organizaciones indígenas, entre ellas el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, una articulación nacional conformada por representantes de más de 20 pueblos originarios.
Desde 2019, este movimiento desarrolló la campaña #BastaDeChineo, orientada a visibilizar denuncias de violencia sexual, acompañar a víctimas y promover redes de apoyo en comunidades donde muchas mujeres enfrentan obstáculos para acceder a la justicia debido a barreras lingüísticas y geográficas, señala Democracia Abierta.
Las demandas también cobraron fuerza tras diversos casos de violencia que conmocionaron a comunidades del norte argentino. Entre ellos se encuentra el asesinato de Pamela Flores, una niña wichí de 12 años, ocurrido en 2022. El caso motivó movilizaciones y reclamos públicos por mayor protección para niñas y adolescentes indígenas.
Ese mismo año, representantes de comunidades originarias participaron en el Tercer Parlamento Plurinacional realizado en Chicoana, provincia de Salta. El encuentro produjo un informe que incluyó propuestas relacionadas con la prevención de la violencia sexual y el fortalecimiento de políticas públicas interculturales.
Qué establece la Ley Octorina
La Ley 8534 dispone la creación de mecanismos destinados a recopilar estadísticas, desarrollar protocolos de actuación y promover campañas de prevención en distintos idiomas utilizados por las comunidades indígenas.
Asimismo, establece la necesidad de capacitar a funcionarios públicos en enfoques interculturales y fortalecer la presencia de intérpretes para facilitar el acceso de las víctimas a servicios de salud, justicia y asistencia social.
La normativa también contempla la participación de las comunidades indígenas en la elaboración y seguimiento de políticas públicas relacionadas con la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos.
La reglamentación de la ley, aún pendiente, deberá definir los organismos responsables de su aplicación, los recursos presupuestarios disponibles y los procedimientos específicos para su implementación.
Desafíos para la aplicación
Representantes indígenas que acompañaron el proceso legislativo han señalado que la aprobación de la ley constituye un primer paso dentro de un proceso más amplio orientado a garantizar protección efectiva para las víctimas.
Entre los desafíos identificados figuran la falta de acceso a intérpretes en lenguas originarias, las grandes distancias entre comunidades rurales y centros urbanos, así como dificultades históricas para denunciar hechos de violencia.
Diversas investigaciones y organizaciones de derechos humanos han documentado que muchos casos no llegan a juicio debido a obstáculos institucionales, presiones locales o dificultades para acceder al sistema judicial.
La ley busca precisamente generar herramientas que permitan mejorar la atención a víctimas y fortalecer la respuesta estatal frente a denuncias de violencia contra integrantes de pueblos originarios.
Un antecedente para otras provincias
La población indígena de Argentina supera los 1.3 millones de personas, según datos del censo nacional de 2022. En la provincia de Salta residen más de 130.000 integrantes de pueblos originarios reconocidos oficialmente por el Estado.
Legisladores y organizaciones sociales consideran que la norma podría servir como antecedente para otras provincias del norte argentino donde también se han reportado situaciones similares.
Entre los objetivos planteados se encuentra la generación de políticas públicas que combinen prevención, educación, acceso a la justicia y participación comunitaria, con el propósito de reducir situaciones de violencia históricamente denunciadas por mujeres indígenas.
Con la entrada en vigor de la Ley Octorina, Salta se convierte en la primera jurisdicción argentina en reconocer de manera específica esta problemática dentro de su marco legal, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre derechos indígenas, violencia de género y acceso a la justicia. (10).
