La Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales fue publicada este miércoles 1 de julio de 2026 en el quinto suplemento del Registro Oficial n.º 316, luego de ser aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de junio con 87 votos y sancionada por el presidente Daniel Noboa. La norma busca fortalecer el control sobre el uso de uniformes de la fuerza pública para impedir que sean utilizados en actividades delictivas.

La nueva legislación establece reformas a varias normas nacionales. Entre ellas constan el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica de Comunicación, la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y la Ley de la Contraloría General del Estado.

El texto legal contiene 20 artículos, distribuidos en seis capítulos, además de siete disposiciones generales, ocho disposiciones transitorias y una derogatoria. De esta forma, la ley incorpora cambios dirigidos a reforzar la protección de los elementos de identificación institucional.

Nuevas penas por el uso ilegal de uniformes

La reforma al artículo 362.1 del COIP incorpora una pena de uno a tres años de prisión para quien utilice, sin autorización, uniformes, equipamiento, indumentaria, insignias, distintivos institucionales, credenciales, denominaciones o cualquier otro elemento de identificación, auténticos, alterados o falsificados, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o entidades reguladas por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

La Ley para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes de la Fuerza Pública también dispone una pena de tres a cinco años de cárcel cuando esos elementos sean utilizados para inducir al error a terceros mediante la simulación de controles, operativos, procedimientos de verificación, vigilancia o acciones de seguridad.

La normativa señala que estas reformas buscan impedir que organizaciones delictivas empleen uniformes de la fuerza pública para facilitar delitos o engañar a la ciudadanía.

Restricciones para servidores públicos 

Las reformas al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público prohíben a los integrantes de la fuerza pública la circulación y el uso no autorizado de uniformes, insignias y distintivos institucionales. También queda prohibido vender, ceder, prestar, transferir, entregar, facilitar o comercializar estos elementos destinados al ejercicio de funciones oficiales.

En la Ley Orgánica de Comunicación, la norma sustituye el literal c del artículo 74. La disposición establece que los medios de comunicación de radio y televisión de señal abierta deberán destinar una hora diaria para programas oficiales relacionados con teleeducación, cultura, salubridad, derechos, seguridad digital, seguridad ciudadana y orden público. El objetivo es promover el conocimiento y la correcta identificación de los uniformes de la seguridad pública.

La ley también reforma la Ley de la Contraloría General del Estado. La disposición incorpora un procedimiento para la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales que contengan información confidencial o clasificada. El proceso deberá ejecutarse 30 días después de concluido el análisis correspondiente, siempre que no existan procesos judiciales, investigaciones penales o responsabilidades pendientes.

Plazo para aplicar la nueva normativa

La legislación dispone que las autoridades competentes tendrán 180 días para definir, actualizar, registrar y estandarizar los diseños oficiales de uniformes, insignias y distintivos institucionales utilizados por las entidades públicas. Además, la norma establece que las autoridades podrán adoptar mecanismos de protección institucional, administrativa o de propiedad intelectual sobre los diseños oficiales registrados.

La publicación en el Registro Oficial confirma la entrada en vigencia de la Ley para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes de la Fuerza Pública, que incorpora nuevas sanciones, modifica el COIP y fija obligaciones para varias instituciones del Estado.