El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para iniciar un proceso de fiscalización sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados reportados por autoridades seccionales del país.

El seguimiento estará a cargo de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. La mesa legislativa deberá analizar información relacionada con alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas.La resolución no determina responsabilidades, sino que abre una fase de control político para revisar documentación, solicitar informes y convocar a comparecencias.

Comisión tendrá 90 días para presentar informe

De acuerdo con la resolución aprobada, la comisión legislativa tendrá un plazo máximo de 90 días para presentar al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones. Durante ese periodo, la mesa podrá solicitar información, informes técnicos y documentación a instituciones públicas y organismos de control.

También podrá convocar a comparecencias de autoridades, servidores públicos, representantes de entidades de control, especialistas y personas que puedan aportar datos al proceso de fiscalización.

Control político sobre autoridades seccionales

Durante la sustentación del proyecto, el asambleísta Fernando Jaramillo señaló que la fiscalización forma parte de una obligación constitucional orientada a garantizar transparencia y correcta administración de los recursos públicos.

El legislador sostuvo que la ciudadanía demanda explicaciones claras sobre variaciones patrimoniales reportadas en determinadas autoridades de elección popular desde el inicio de sus funciones.

Jaramillo también mencionó información difundida por la Contraloría General del Estado y reportes periodísticos que, según indicó, muestran variaciones patrimoniales que deben ser examinadas con rigurosidad institucional.

Instituciones que podrían aportar información

Durante el debate legislativo se planteó la necesidad de contar con información de entidades como la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Estas instituciones podrían aportar datos dentro del ámbito de sus competencias, especialmente en temas relacionados con declaraciones patrimoniales, movimientos financieros, obligaciones tributarias o investigaciones en curso, si las hubiera.

La Asamblea señaló que el proceso deberá desarrollarse con objetividad y respeto al debido proceso, para verificar la legalidad y justificación de las variaciones patrimoniales reportadas.

Fiscalización de la Asamblea no implica sanción inmediata

El inicio del proceso no significa que las autoridades investigadas hayan cometido una irregularidad. La fiscalización legislativa busca recopilar información, contrastar datos y establecer recomendaciones.

En caso de encontrar elementos relevantes, el informe de la comisión podría servir para nuevas acciones políticas, administrativas o para remitir información a los organismos competentes.

El proceso se enmarca en las facultades de control político de la Asamblea y en el seguimiento al manejo de recursos públicos por parte de autoridades de elección popular.