La asambleísta Liliana Durán, de la bancada de la Revolución Ciudadana, solicitó este martes 23 de junio a la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, la trazabilidad completa de todos los trámites y denuncias presentados por la activista Monika Silva desde 2023 hasta su fallecimiento.

La petición busca reconstruir el recorrido administrativo de las solicitudes de fiscalización y documentos entregados por la veedora ciudadana polaca. Durán dirigió el requerimiento formal a la presidenta del Legislativo para obtener copias íntegras de todos los escritos, correos, peticiones y comunicaciones presentadas por Silva, quien lideraba la fundación La Integridad.

La solicitud incluye verificar si los documentos llegaron a instancias como la Presidencia de la Asamblea, la Comisión de Fiscalización y Control Político, la Comisión de Transparencia y la Secretaría General.

Solicitud de matriz de trazabilidad

Entre los pedidos específicos se encuentran una matriz consolidada con fechas de ingreso, números de trámite y el estado de cada documento. La asambleísta argumenta que resulta necesario esclarecer el destino de las alertas sobre presuntos casos de corrupción presentados por Monika Silva ante el organismo legislativo.

La iniciativa surge tras el fallecimiento de Monika Silva, hallada sin vida en su domicilio el 8 de junio de 2026 en la provincia de Santa Elena. Su muerte ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y ha motivado pronunciamientos de la Unión Europea y el Gobierno de Polonia, que exigen una investigación independiente y transparente.

Denuncias de corrupción sin trámite aparente

Según el documento de Durán, la activista habría realizado múltiples solicitudes de fiscalización dirigidas al entonces presidente Niels Olsen, al presidente de la Comisión de Fiscalización Ferdinand Álvarez y a Diana Jácome, quien presidía la Comisión de Transparencia.

La legisladora busca determinar si estas denuncias recibieron el debido procesamiento legislativo. Monika Silva, de nacionalidad polaca y residente en Ecuador, se desempeñaba como veedora ciudadana y había presentado reiteradas alertas sobre presuntos nexos de funcionarios públicos con redes de corrupción. La solicitud enfatiza la necesidad de reconstruir la "hoja de ruta" administrativa de cada trámite para determinar su efectivo ingreso y seguimiento.

Repercusiones internacionales y locales

El caso ha generado atención diplomática y social. Colectivos como el Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) han pedido que la investigación del deceso se realice bajo protocolo de femicidio, evaluando posibles vínculos con su labor de control social.