La jueza Silvana Velasco dictó prisión preventiva contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otras siete personas, durante la audiencia de formulación de cargos reinstalada la tarde del 4 de junio de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito. La medida fue adoptada dentro del denominado caso Blindaje, en el que la Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de lavado de activos.
La resolución fue emitida luego de que la magistrada analizara los elementos expuestos por la Fiscalía, entidad que sostiene la existencia de una estructura integrada por funcionarios, exfuncionarios y particulares que habría movilizado recursos de origen presuntamente ilícito.
Durante la diligencia, la jueza consideró que existen elementos suficientes para presumir la participación de los procesados en el delito investigado y señaló que las medidas alternativas no garantizaban su comparecencia al proceso.
Argumentos de la resolución judicial
En su intervención, Velasco indicó que la prisión preventiva resulta necesaria debido al riesgo de fuga y a la magnitud de los recursos económicos que forman parte de la investigación. Además, sostuvo que ningún arraigo personal o laboral, incluido el ejercicio de un cargo público, elimina la posibilidad de evasión del proceso judicial.
La magistrada también descartó el uso de dispositivos de vigilancia electrónica como medida sustitutiva, argumentando que estos mecanismos no ofrecen garantías suficientes debido a antecedentes relacionados con fallas técnicas y posibles manipulaciones.
Como parte de las medidas cautelares, la jueza ordenó además la retención de cuentas bancarias, con excepción de los valores correspondientes a salarios, y la prohibición de enajenar bienes de los procesados.
Investigación se originó por reporte financiero
Según la Fiscalía, la investigación se inició a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Las pesquisas se desarrollaron durante aproximadamente doce meses con apoyo de la Policía Nacional.
La hipótesis fiscal señala que una presunta estructura habría movilizado alrededor de 17 millones de dólares mediante operaciones financieras bajo análisis. Entre los antecedentes expuestos constan transferencias millonarias, pagos vinculados a procesos judiciales y movimientos económicos que actualmente son objeto de investigación.
Las autoridades también ejecutaron 18 allanamientos en Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos y Santa Elena, que derivaron en la detención de ocho personas para fines investigativos.
El proceso continuará en la etapa de instrucción fiscal, mientras las autoridades avanzan en la recopilación y análisis de evidencias relacionadas con el presunto delito de lavado de activos.
