El juez anticorrupción Jairo García resolvió la noche del lunes 6 de julio de 2026 dictar nuevamente prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez dentro del caso Goleada, proceso en el que la Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de lavado de activos.

Además, dispuso la incautación del inmueble donde reside la familia del alcalde y otorgó un plazo de 15 días para su desalojo. 

Fiscalía sustentó el pedido con nuevos elementos

La decisión fue adoptada durante una audiencia telemática de revisión de medidas cautelares, convocada tras un pedido de la Fiscalía General del Estado.

En la diligencia, el organismo presentó un testimonio anticipado y pericias financieras que, según expuso, revelarían un presunto incremento injustificado de capital en empresas relacionadas con los hermanos Álvarez y otros investigados.

Con base en esa información, la Fiscalía solicitó modificar las medidas sustitutivas que estaban vigentes para varios procesados. Al resolver el pedido, el juez Jairo García consideró que las presentaciones periódicas ya no eran suficientes frente a los nuevos elementos incorporados al expediente y sostuvo que persistían riesgos procesales, como una posible fuga o acciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso.

Resolución alcanza a cinco procesados

La medida cautelar fue dictada contra Aquiles Álvarez, Antonio Álvarez, Xavier Álvarez, César Bravo y Fernando Peñaherrera, quienes enfrentan un proceso por el presunto delito de lavado de activos dentro del caso Goleada.

Antonio y Xavier Álvarez, así como Bravo y Peñaherrera, habían recuperado su libertad el 2 de abril de 2026, luego de que un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la prisión preventiva que pesaba sobre ellos. Con la resolución emitida este 6 de julio, el juez dispuso nuevamente su ingreso a prisión preventiva.

También se ordenó la incautación de una vivienda

Como parte de la misma resolución, el magistrado dispuso la incautación de la vivienda ubicada en la urbanización Blue Bay, en la Isla Mocolí, cantón Samborondón, donde reside Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, junto a sus tres hijos. A solicitud de la defensa, el juez concedió un plazo de 15 días para desocupar el inmueble.

El pasado 12 de junio, funcionarios de la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, acompañados por policías, intentaron ejecutar la incautación.

Sin embargo, la defensa argumentó que la diligencia no podía concretarse porque no existía una orden de desalojo y aún estaba pendiente la audiencia para revisar esa medida.

Defensa cuestiona la resolución

Tras la decisión judicial, David Norero, integrante del equipo de defensa de Aquiles Álvarez, cuestionó el cambio de las medidas cautelares y sostuvo que no existían nuevos elementos que justificaran la resolución.

"(...)Si la ley exige hechos nuevos para agravar una medida cautelar, ¿cuáles fueron esos hechos nuevos? (...) si la investigación ya terminó, ¿cómo puede Aquiles obstaculizar una investigación que ya está cerrada y cómo podría hacerlo cuando incluso ya está privado de libertad?"

El abogado añadió: "Esas preguntas merecen respuestas jurídicas, no políticas, porque cuando las decisiones judiciales dejan de sustentarse en los presupuestos que exige la ley y empiezan a responder a otra lógica, la justicia deja de ser un contrapeso del poder. Sin jueces verdaderamente independientes no existe Estado de Derecho y sin Estado de Derecho no existe democracia.", finalizó.