El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, apeló la prisión preventiva dictada en su contra dentro del caso Blindaje y la audiencia para resolver el recurso fue fijada para el viernes 17 de julio de 2026, en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha evaluará si mantiene o modifica la medida cautelar impuesta durante la formulación de cargos.
La defensa del funcionario presentó el recurso con el propósito de dejar sin efecto la prisión preventiva que cumple desde el 5 de junio de 2026 en el Centro de Privación de Libertad de Latacunga. La diligencia será conocida por los jueces Lauro Sánchez, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, integrantes del tribunal anticorrupción.
Investigación por presunto lavado de activos
La Fiscalía de Pichincha investiga a Vicko Villacís por el presunto delito de lavado de activos dentro del denominado caso Blindaje, una causa que también involucra a otros procesados, entre ellos un juez y un exjuez, quienes igualmente solicitaron la revisión de la medida cautelar.
De acuerdo con la investigación fiscal, el caso se originó tras dos acciones de protección que habrían derivado en órdenes judiciales para que Petroecuador desembolsara USD 17 millones a extrabajadores y a una empresa vinculada al alcalde. Según la Fiscalía, parte de esos recursos ingresó a cuentas relacionadas con Villacís.
Fiscalía sostiene perjuicio al Estado
La entidad investigadora sostiene que una parte del dinero fue movilizada y distribuida utilizando vehículos blindados, como parte de una presunta estructura dedicada al manejo irregular de recursos. Además, estima un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 7,5 millones.
Como parte del expediente, la Fiscalía incorporó informes elaborados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), documentos que forman parte de los elementos presentados durante la formulación de cargos.
La resolución sobre la apelación dependerá del análisis del tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, que decidirá si el alcalde continúa con prisión preventiva o si corresponde aplicar otra medida cautelar mientras avanza la investigación penal.
