La audiencia preparatoria de juicio del caso Grillete, instalada el 29 de junio de 2026 y prevista para continuar el 1 de julio, dejó abierta la posibilidad de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, solicite un procedimiento abreviado. La Fiscalía pidió que sea llamado a juicio por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tras presentar las pruebas recopiladas durante la instrucción fiscal.

La fiscal Lisset Barragán sostuvo que existen 25 testimonios y 26 pruebas documentales que respaldan la acusación contra el alcalde. Según la representante del Ministerio Público, el procesado incumplió la orden judicial de portar un grillete electrónico, medida impuesta dentro de otro proceso penal.

Entre los elementos expuestos constan los testimonios de los policías que participaron en el allanamiento realizado a las 04:15 del 10 de febrero de 2026, en la vivienda de Alvarez, ubicada en Isla Mocolí, Samborondón. Los agentes declararon que encontraron al alcalde sin el dispositivo electrónico y que este permanecía en el piso.

Fiscalía presentó las pruebas

La Fiscalía también incorporó peritajes técnicos sobre el estado del dispositivo. Los informes concluyeron que el grillete no tenía el material plástico que asegura el mecanismo de cierre, condición que impedía su correcta fijación en la extremidad del usuario.

Además, presentó informes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en los que consta que el dispositivo registró 33 alertas de "alarma crítica de pulsera quitada".

Durante la audiencia, la fiscal Lisset Barragán manifestó: "Esta fiscalía acusa al ciudadano Aquiles Alvarez, de 41 años, por haber adecuado su conducta típica y antijurídica al delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Se lo acusa en el grado de autor directo. Solicito se dicte el respectivo auto de llamamiento a juicio". El delito investigado contempla una pena privativa de libertad de uno a tres años, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La defensa plantea otra alternativa

Durante la diligencia, el abogado Fernando Chávez, quien asumió recientemente la defensa del alcalde, solicitó tiempo para revisar el expediente y anunció que analizará con su cliente la posibilidad de acogerse a un procedimiento abreviado.

El defensor indicó que la Fiscalía no había puesto esa opción en conocimiento del procesado y pidió la suspensión de la audiencia porque fue designado poco antes de la diligencia. A este pedido se sumó el defensor público Luis Coloma, quien señaló que tampoco había revisado los seis cuerpos del proceso, equivalentes a unas 600 páginas.

El propio Aquiles Alvarez intervino durante la audiencia y afirmó: "Claro que quiero analizar la posibilidad de acogerme un procedimiento abreviado, pero no soy abogado y necesito conversarlo personalmente con mis defensores".

Antes, el alcalde reiteró su postura sobre el caso y recordó que fue encontrado durmiendo en su domicilio durante el allanamiento. También sostuvo que el sistema de monitoreo presentaba fallas técnicas relacionadas con la tecnología utilizada por el SNAI.

¿Qué implica el procedimiento abreviado?

El procedimiento abreviado, previsto en el COIP, permite concluir un proceso penal antes del juicio cuando el procesado admite su responsabilidad y existe un acuerdo con la Fiscalía respecto de la pena.

El abogado y exjuez Abraham Cheing explicó que este mecanismo puede aplicarse en delitos cuya sanción no supere los 10 años de prisión, salvo las excepciones previstas en la ley. Sobre este punto señaló: "Un abogado aconseja el procedimiento abreviado cuando considera que de todo lo que se ha recaudado como indicios probatorios su cliente va a recibir una sentencia condenatoria".

La solicitud debe presentarse mientras el proceso aún se encuentra en etapas previas al juicio. Si la Fiscalía acepta el planteamiento, la jueza convocará a una audiencia para resolver si corresponde aprobar el acuerdo. Aunque un eventual procedimiento abreviado podría modificar la situación procesal de Aquiles Alvarez dentro del caso Grillete, el alcalde permanece privado de libertad por otras causas judiciales, entre ellas el caso Triple A, en el que continúa vigente una medida de prisión.