La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron la madrugada de este miércoles 3 de junio de 2026 la Operación Blindaje, un operativo desarrollado en Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Pichincha, contra una presunta estructura dedicada al lavado de activos, cuyo principal investigado es el alcalde de Esmeraldas, Vicko Alfredo Villacís Tenorio, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
De acuerdo con Reimberg, el procedimiento se realizó después de 12 meses de investigación y contó con apoyo técnico de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El ministro señaló que el análisis financiero permitió seguir la ruta del dinero, identificar movimientos inusuales y establecer operaciones presuntamente incompatibles con los ingresos declarados por los investigados.
La investigación apunta a una estructura que, según el Ministerio del Interior, habría obtenido aproximadamente 17 millones de dólares de presunto origen ilícito. Esos recursos, de acuerdo con la información oficial difundida por Reimberg, habrían sido ocultados o dispersados mediante empresas vinculadas, transferencias a terceros y operaciones financieras complejas.
La ruta financiera investigada
Uno de los ejes de la investigación es la empresa REYPEZPACIFIC S.A., de la cual Villacís Tenorio registra como accionista mayoritario con el 98 % de participación, según la información difundida por el ministro del Interior. Las autoridades investigan presuntos vínculos de esa compañía con personas y empresas relacionadas con procesos por lavado de activos.
Reimberg indicó que la empresa habría mantenido relación con PEZYMAR EXPORT S.A.S., compañía actualmente procesada por lavado de activos. También señaló presuntos nexos con personas vinculadas a investigaciones previas, entre ellas Flavio Leonardo Briones Chiquito, alias "Mexicano", señalado como cabecilla de Los Lobos, y Génesis Michelle Mendoza Tuárez, ambos fallecidos en Manta en 2025.
Según la UAFE, dentro del caso se identificaron transferencias por cerca de 7 millones de dólares hacia distintos beneficiarios. Además, se reportaron aproximadamente 240.000 dólares dirigidos a funcionarios públicos, retiros en efectivo por alrededor de 320.000 dólares y operaciones mediante transporte de valores por cerca de 980.000 dólares.
Allanamientos y detenidos
La Operación Blindaje movilizó a 200 servidores policiales y 14 fiscales. En total se ejecutaron 18 allanamientos: 12 en Esmeraldas, 1 en Santa Elena, 2 en Nueva Loja, Sucumbíos, y 3 en Quito, Pichincha.
Como resultado del operativo fueron detenidas ocho personas con fines investigativos. En Esmeraldas fueron aprehendidos Vicko Alfredo Villacís Tenorio, alcalde del cantón; Luis Jheovanny Reyna Tenorio, señalado como beneficiario de dinero en efectivo dentro de una acción de protección relacionada con empleados y EP Petroecuador; y Juan Alberto Lastre Castillo, abogado de esa acción de protección.
También fueron detenidos Diego Geovanny Montaño Tenorio, funcionario de la Unidad Judicial de Atacames; Carol Zuleyka Lemos Hurtado, funcionaria de una ONG de Esmeraldas y del GAD Esmeraldas; y Jonathan Geovanny Monte Baguí, funcionario de la Unidad Judicial de Atacames. En Sucumbíos fue detenido Jorge Bolívar Pinos Galindo, actual juez en Nueva Loja y exjuez de Esmeraldas. En Santa Elena fue aprehendido Kleber Andrés Salcedo Tomalá, exjuez.
Ingresos declarados y movimientos detectados
El Ministerio del Interior informó que la UAFE detectó movimientos financieros por aproximadamente 7,5 millones de dólares, pese a que los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) alcanzaban cerca de 252.000 dólares. Esta diferencia forma parte de los elementos que serán analizados dentro del proceso judicial.
Reimberg sostuvo que la presunta estructura habría utilizado compañías relacionadas, transferencias, pagos a terceros y movimientos financieros para dar apariencia de legalidad a recursos investigados. La Fiscalía deberá determinar el origen de los fondos y las responsabilidades individuales de cada procesado.
El ministro también afirmó que parte de los recursos investigados estaría vinculada con pagos derivados de acciones judiciales relacionadas con EP Petroecuador. Esa información deberá ser contrastada dentro de las diligencias fiscales y judiciales correspondientes.
Proceso judicial
Tras las detenciones, los aprehendidos fueron trasladados para las diligencias de rigor. La Fiscalía deberá formular los elementos de convicción ante la autoridad judicial competente y definir la situación jurídica de los investigados.
El caso se mantiene en etapa investigativa. Hasta que exista una resolución judicial en firme, los detenidos conservan el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, conforme a la Constitución y al debido proceso.
La Operación Blindaje se convierte en uno de los procedimientos más relevantes ejecutados en Esmeraldas contra una presunta estructura financiera. Las autoridades sostienen que las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles beneficiarios y establecer si existieron más operaciones vinculadas al presunto lavado de activos.
