La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia de 40 años de pena privativa de libertad contra Jhipson C. y Bryan S., declarados coautores del delito de asesinato, mientras que Ronald A. fue condenado a 13 años de prisión como cómplice. La decisión fue adoptada por un Tribunal de Garantías Penales, tras valorar las pruebas presentadas durante la audiencia de juzgamiento por el crimen de dos personas halladas sin vida en la vía Loja-Cuenca.
La investigación se inició el 3 de abril de 2025, luego de que moradores del sector reportaran el hallazgo de dos cadáveres en el puente Consacola, ubicado en Bolacache, sobre la vía que conecta Loja con Cuenca.
Según las diligencias iniciales, los cuerpos presentaban signos de tortura, múltiples golpes y heridas, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del hecho.
Pruebas presentadas en el juicio
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó el acta de levantamiento de los cadáveres, los informes de autopsia médico-legal, el reconocimiento del lugar de los hechos y las actas de levantamiento de evidencias, con el propósito de demostrar la materialidad de la infracción.
Asimismo, incorporó el informe investigativo y el parte policial del operativo en el que fueron detenidos los procesados, respaldados por los testimonios de los agentes que participaron en el procedimiento.
Entre los elementos probatorios también constaron informes periciales de extracción de información de teléfonos celulares, cuya información fue presentada por la Fiscalía para sustentar la vinculación de los ahora sentenciados con el crimen.
Sentencia y fundamento jurídico
Tras valorar las pruebas, el Tribunal declaró a Jhipson C. y Bryan S. coautores del delito de asesinato y les impuso 40 años de prisión, mientras que Ronald A. recibió una condena de 13 años al ser declarado cómplice. En la misma resolución, el Tribunal ratificó el estado de inocencia de una mujer que también había sido procesada dentro de esta causa.
Durante la investigación, la Fiscalía sostuvo que las víctimas presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas en la ciudad de Loja y que el crimen habría sido cometido por integrantes del grupo delictivo "Los Lobos". Esta hipótesis formó parte de la investigación presentada durante el proceso judicial.
El artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece para el delito de asesinato una pena de 26 a 30 años de prisión. En este caso, la Fiscalía acreditó la aplicación de la agravante prevista en el artículo 47, numeral 5, del COIP, lo que permitió incrementar la pena impuesta a los coautores en un tercio.
