El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, presentará en las próximas horas un recurso de apelación contra la prisión preventiva dictada en su contra dentro del denominado caso Blindado, proceso judicial que investiga un presunto delito de lavado de activos. La medida fue ordenada por una jueza especializada el pasado 4 de junio, en una causa que también involucra a otras siete personas.

La información fue confirmada por su abogado, Gustavo García, quien indicó que la defensa acudirá al mecanismo legal previsto para impugnar la decisión judicial. El recurso busca que una instancia superior revise la medida cautelar impuesta durante la audiencia de formulación de cargos.

Además de Villacís, otros procesados también han presentado apelaciones. Entre ellos constan Diego Montaño, Kléber Salcedo y Jorge Pinos, según se informó dentro del proceso judicial.

Prisión preventiva para ocho procesados

La jueza Silvana Velasco, de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, acogió el pedido de la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos y dispuso prisión preventiva para los ocho investigados.

La medida alcanza a Vicko Villacís, Luis Reina Tenorio, Juan Alberto Lastre, Carol Lemos Hurtado, Diego Montaño, Jonathan Monte, Kléber Salcedo y Jorge Pinos. Los dos últimos fueron identificados dentro del proceso como exjueces.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia, la Fiscalía sostiene una hipótesis relacionada con una presunta estructura integrada por funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares. Por esa razón, la entidad solicitó el inicio del proceso penal por presunto lavado de activos.

Cómo se originó el caso Blindado

La investigación del caso Blindado se inició a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía.

Durante la audiencia se expusieron elementos relacionados con acciones de protección que involucraron a Petroecuador y con resoluciones judiciales que posteriormente fueron dejadas sin efecto por la Corte Constitucional. Asimismo, la Fiscalía detalló varias actuaciones que forman parte de la indagación. El objetivo de las pesquisas es determinar el origen y destino de recursos económicos que actualmente son objeto de análisis dentro del proceso.

Los montos analizados por la Fiscalía

Entre los antecedentes expuestos constan pagos superiores a 2,7 millones de dólares a una empresa vinculada a los hechos investigados. También se mencionó otro proceso relacionado con una reparación económica que supera los 30 millones de dólares.

De igual forma, la Fiscalía profundizó en una acción de protección relacionada con extrabajadores de Petroecuador. Ese proceso derivó en un desembolso de 15 millones de dólares por parte de la empresa pública. Según la exposición realizada durante la audiencia, parte de esos recursos habría sido distribuida entre abogados y posteriormente transferida a terceros que actualmente forman parte de la investigación por presunto lavado de activos.

La Fiscalía también señaló que los presuntos delitos precedentes del supuesto lavado de activos serían cohecho, prevaricato y perjurio. En el caso del cohecho, la hipótesis investigativa apunta a supuestos beneficios económicos que habrían llegado a funcionarios y servidores públicos.

Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía, la jueza manifestó que observa una probabilidad de participación de los procesados en el delito investigado, criterio que sustentó la decisión de dictar prisión preventiva mientras continúa el desarrollo del caso Blindado.