La situación política y legal del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, genera opiniones diversas. No todos quieren emitir un comentario al respecto, pero quienes si lo hacen piden celeridad legal para evitar afectaciones en el desarrollo de la capital manabita.
Las posturas de actores polìticos, gremios de la construcción, sector innomiliario y de ciudadanos es diversa.
Javier Pincay: la preocupación política y ciudadana
Para Patricia Briones, exalcaldesa de Portoviejo, el escenario es motivo de intranquilidad. Según Briones, esta inestabilidad no solo incomoda al primer personero municipal, sino que repercute directamente en el ritmo de trabajo de los funcionarios públicos.
"Realmente es muy preocupante porque el que sale perdiendo es el ciudadano, la ciudad, porque está inquietante de saber lo que va a pasar, queremos que las instituciones que están manejando este caso actúen pegadas a la ley", dijo Briones, quien agregó que en estos momentos Portoviejo debe mantenerse unido.
En las calles, la opinión se divide. Algunos ciudadanos reconocen que, a pesar de la coyuntura, las obras en sus sectores se mantienen dentro del plan operativo anual. "Escuché que se está jugando las últimas cartas. Lo importante es que, por ahora, los trabajos continúan y eso es lo que se observa", comentó Flor Arteaga, un habitante de la zona urbana.
El sector construcción: ¿En riesgo o en pausa?
Desde el gremio de los constructores, José Perero Menéndez, presidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo, sostiene que el proceso legal contra el alcalde Javier Pincay no debería paralizar el desarrollo.
"Es una situación político-legal. Al igual que en otras ciudades, los grandes proyectos como Capital Shopping, continúan sus labores. Considerar que esto frenará los procesos sería un error; esperamos que la situación se resuelva pronto por el bien de la ciudad", señaló Perero.
La cautela del mercado inmobiliario
Por otro lado, el sector inmobiliario adopta una postura más conservadora. Nicolás Henríquez Vernaza, referente del sector, advierte que el mercado financiero y empresarial es sensible a la inestabilidad.
"Las inversiones que ya están en marcha no tienen problemas, pero el mercado es nervioso ante la incertidumbre. Lo importante es que haya una definición pronto para que Portoviejo no frene su desarrollo. Si hay un plan trazado y avalado por la ciudadanía, debe mantenerse, independientemente de los obstáculos políticos", concluyó Henríquez.
El llamado general
El denominador común en todas las voces consultadas es un llamado a la institucionalidad. Tanto ciudadanos como empresarios coinciden en que, más allá de la resolución en contra de Javier Pincay, la prioridad debe ser que la hoja de ruta de la ciudad no se detenga.
La expectativa permanece puesta en los próximos movimientos de las autoridades competentes, mientras la capital manabita observa con atención cómo este capítulo político se integra a la dinámica de su desarrollo urbano.
Antecedente en este caso
El caso contra el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, se originó tras las elecciones secciones del 2023, debido a su inasistencia al debate electoral obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La sanción fue interpuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dictaminó dos años de suspensión de sus derechos de participación política y una multa económica. El pasado 29 de mayo el TCE redujo el periodo de suspensión de dos años a seis meses.
El abogado Roosevelt Cedeño, defensor legal de Pincay, aclaró la situación actual del alcalde y cuestionó la legitimidad de las actuaciones administrativas que afectan sus derechos de participación.
La apelación presentada para restituir los derechos de participación de Pincay fue archivada por el TCE, debido a un requerimiento considerado "imposible de cumplir" por parte del tribunal. Cedeño explicó que la jueza exigió justificar que Pincay tenía derechos de participación vigentes, lo cual, a su juicio, resulta ilógico porque precisamente esa era la controversia central del proceso. Como consecuencia, el equipo legal explora nuevas vías procesales para abordar la actuación del Consejo Nacional Electoral, especialmente tras la inclusión de una suspensión en los registros sin decisión expresa, acción que califican como arbitraria.
En el capítulo más reciente de este caso, el TCE emitió una respuesta determinante a la consulta formulada por los concejales respecto a la situación legal del alcalde Javier Pincay. En la notificación oficial, el juez Joaquín Viteri aclaró que la responsabilidad de aplicar medidas institucionales internas, tales como la subrogación o la remisión de información, recae directamente sobre el propio concejo municipal.
