El Gobierno de Venezuela informó este viernes 17 de julio de 2026 que la cifra de fallecidos por el doble terremoto registrado el 24 de junio ascendió a 5.069 personas, luego de confirmarse 139 nuevas víctimas mortales. El balance también mantiene en 16.740 el número de heridos y evidencia la magnitud de la emergencia que continúa afectando a miles de familias en distintas regiones del país.
La actualización fue presentada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mientras que otros datos oficiales fueron difundidos por la vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez, a través de sus canales institucionales.
Las autoridades mantienen activos los operativos de asistencia humanitaria y continúan evaluando los daños ocasionados por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, que provocaron afectaciones en infraestructura, viviendas y servicios básicos.
Miles de personas permanecen afectadas
El reporte oficial señala que 17.907 personas permanecen sin vivienda, mientras que 128.324 familias han recibido algún tipo de atención por parte de las instituciones del Estado desde que ocurrió la emergencia.
Además, 21.235 ciudadanos continúan alojados en 107 campamentos temporales, habilitados para brindar refugio a quienes perdieron sus hogares o permanecen en zonas consideradas de riesgo.
El monitoreo sísmico también continúa. Desde el 24 de junio se han contabilizado 1.331 réplicas, siendo la de mayor intensidad un movimiento de magnitud 3,9, registrado el 10 de julio cerca de Naiguatá, en el estado La Guaira, una de las provincias más golpeadas por el desastre.
Gobierno impulsa plan de reconstrucción
Como parte de la respuesta a la emergencia, el Ejecutivo inició un censo biométrico destinado a identificar el número de viviendas que deberán construirse para las familias damnificadas. Las primeras estimaciones oficiales apuntan a la necesidad de levantar alrededor de 25.000 nuevas viviendas.
En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma legal orientada a acelerar los procesos de construcción habitacional. La iniciativa busca facilitar la participación del sector privado mediante un marco jurídico que permita ampliar el financiamiento y agilizar los proyectos inmobiliarios.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó que la propuesta deberá superar un segundo debate antes de convertirse en ley. La reforma pretende fortalecer la seguridad jurídica para promover la reconstrucción de las zonas afectadas.
Mientras avanzan estas acciones, las autoridades mantienen las labores de asistencia, evaluación de daños y seguimiento a la actividad sísmica. El nuevo balance confirma que el doble terremoto figura entre las tragedias naturales más graves registradas recientemente en Venezuela y que la recuperación demandará un esfuerzo sostenido de las instituciones responsables.
