Miles de estudiantes convocados por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y profesores marcharon en el centro de Santiago de Chile para manifestar su rechazo al proyecto de megarreforma y a las políticas de ajuste fiscal impulsadas por el presidente José Antonio Kast.

La movilización, que representa la primera protesta masiva desde que el mandatario ultraconservador asumió el cargo el pasado 11 de marzo, derivó en disturbios y enfrentamientos con Carabineros tras no respetarse el trazado autorizado por las autoridades gubernamentales. Los manifestantes justificaron la acción ante los recortes presupuestarios que, según acusan, afectan directamente la calidad de la educación pública y la salud en el país.

Representantes estudiantiles de la Universidad Diego Portales (Fedep) y de la Universidad Mayor denunciaron que la intervención policial se ejecutó de forma inmediata bajo el argumento del cambio de ruta no autorizado.

Por su parte, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, criticó la decisión de la Delegación Presidencial, señalando que la prohibición de marchar por la Alameda constituyó una provocación que propició el escenario de violencia. Los incidentes obligaron al cierre temporal de varias estaciones del Metro de Santiago y bloquearon el tránsito en la principal arteria vial de la capital.

Balance de lesionados y controversia por estudiante herida

De acuerdo con los datos oficiales entregados por el delegado Germán Codina, la movilización congregó a unas 4.500 personas y concluyó con un saldo de 35 detenidos, tres de ellos imputados por el porte y lanzamiento de bombas molotov. Asimismo, las autoridades informaron que 35 personas resultaron heridas, balance que incluye a tres civiles y tres funcionarios de Carabineros con lesiones de diversa consideración durante las escaramuzas.

El caso que generó mayor debate público fue el de una estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad de Chile, quien participaba como observadora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Tras ser fotografiada con el rostro ensangrentado durante su arresto, Beatriz Contreras, jefa regional del INDH, confirmó la recepción de una denuncia formal y el traslado de la universitaria a un centro de salud.

Mientras sectores académicos calificaron el hecho como represión violenta, el Gobierno sostuvo que la joven quedó apercibida por participar en los disturbios y que sus lesiones civiles habrían sido provocadas por el impacto de una piedra lanzada por manifestantes.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó el accionar policial mediante una declaración en la plataforma X, donde enfatizó que el deber del Estado es resguardar el orden público sin victimizaciones selectivas, instando a la opinión pública a considerar también a los uniformados heridos y la gravedad del uso de artefactos incendiarios.

Contexto económico y la megarreforma de Kast

Las protestas coinciden con un escenario de desaceleración económica en Chile, donde la actividad económica cayó un 1,2 % anual en abril y el desempleo general se situó en un 9,1 % (alcanzando el 10,5 % en el segmento de mujeres), la cifra más alta en casi cinco años.

En este contexto, la última encuesta Pulso Ciudadano reveló que el presidente Kast acumula una desaprobación del 53,3 % a menos de tres meses de iniciar su mandato. Durante su primera Cuenta Pública realizada en Valparaíso, el gobernante ratificó que el ordenamiento de las finanzas públicas "no será rápido" y que el proceso implicará dificultades económicas para el país.

El origen de la disputa presupuestaria se remonta a la campaña electoral de 2025, cuando Kast anunció un plan de recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses para enfrentar la estrechez fiscal heredada de la administración anterior.

Al asumir el poder, decretó una reducción generalizada del 3 % en el gasto de todos los ministerios, afectando partidas sensibles como Salud —con una baja del 2,5 %, equivalente a 460 millones de dólares—, Vivienda y Educación, quedando exenta únicamente la cartera de Seguridad Pública.

A este ajuste se suma la tramitación en el Senado del proyecto de ley denominado "Reconstrucción Nacional". Esta megarreforma propone reducir el impuesto corporativo del 27 % al 23 % y conceder invariabilidad tributaria por 25 años a las grandes inversiones.

Organizaciones estudiantiles y sectores de la oposición rechazan la iniciativa argumentando que beneficia a los sectores de mayores ingresos en desmedro de la recaudación fiscal, comprometiendo los recursos destinados a derechos sociales y programas públicos como la Pensión Garantizada Universal (PGU) y los servicios de alimentación escolar. (10).