Este miércoles se difundieron los detalles del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de Argentina al Congreso de la Nación, mediante el cual el presidente Javier Milei busca establecer un entorno legal y fiscal completamente desregulado para el despliegue de la inteligencia artificial (IA).
La iniciativa legal, promovida en conjunto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone una reforma integral al derecho societario para permitir el funcionamiento de empresas operadas por robots o agentes de IA.
El objetivo central de la administración es atraer a corporaciones tecnológicas globales al territorio argentino, contrarrestando la tendencia internacional que debate imponer límites éticos y técnicos a estas herramientas de automatización.
Comparación histórica y corporaciones autónomas
La postura oficial fue ratificada por el propio mandatario en una columna de opinión publicada en el diario británico Financial Times, bajo el título "Argentina invita a la IA a liberarse".
En el texto, Milei compara el momento tecnológico actual con la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602, hito que introdujo la sociedad de responsabilidad limitada y potenció el desarrollo del capitalismo industrial. Bajo esa premisa, el ejecutivo argumenta que la inteligencia artificial liberará la productividad de las limitaciones del cerebro humano, por lo cual requiere un vehículo legal propio y autónomo.
El proyecto de ley remitido al Poder Legislativo contempla la creación de corporaciones que prescindan de empleados, gerentes o directores humanos, permitiendo que las decisiones y la administración general queden en manos de sistemas de software.
Aunque se contempla la participación opcional de accionistas humanos, el texto legal no los establece como un requisito obligatorio. Como única condición para operar en el país, el Estado argentino exigirá que se revelen los beneficiarios finales de estas entidades, con el propósito declarado de evitar que el sistema financiero local sea utilizado como un refugio para capitales de procedencia ilícita.
El "Súper RIGI" y el blindaje a largo plazo
La estrategia de atracción de inversiones se complementa con un marco de incentivos denominado "Súper RIGI" (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), diseñado específicamente para promover la instalación de centros de datos de gran escala e infraestructura de IA.
Según análisis técnicos del proyecto de ley, las compañías tecnológicas que se acojan a este régimen adquirirán derechos de propiedad sobre los beneficios otorgados. Esto significa que los incentivos económicos no podrán ser alterados, derogados o desconocidos por ninguna legislación o normativa gubernamental posterior, otorgando estabilidad jurídica absoluta a los inversionistas.
Entre los principales estímulos económicos contemplados se encuentra la aplicación de una tasa impositiva corporativa reducida, la exención del impuesto a las ganancias y la eliminación de tributos sobre débitos, créditos bancarios, importaciones y exportaciones de equipamiento tecnológico.
Adicionalmente, las normativas eximen a estas empresas de la obligación de abastecer al mercado interno o de adquirir insumos de proveedores locales. En el ámbito legal, el proyecto estipula que cualquier controversia jurídica o disputa comercial que involucre a estas firmas no se resolverá en los tribunales de justicia de Argentina, sino que se derivará directamente a arbitrajes y cortes internacionales.
Contexto de inversiones y debate regulatorio
La presentación de esta propuesta legal coincide con la llegada a Argentina del empresario estadounidense Peter Thiel, director de la firma de análisis de datos Palantir, quien mantuvo reuniones oficiales en la Casa Rosada con el primer mandatario tras adquirir una propiedad residencial en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno aspira a que la capital argentina emule el rol financiero e innovador que Ámsterdam desempeñó durante la era de la navegación comercial en el siglo XVII.
El enfoque desregulado de Argentina se contrapone a las discusiones actuales de la comunidad internacional, donde directivos de las principales firmas de tecnología y comités de expertos sugieren la necesidad de establecer controles públicos, regulatorios y éticos sobre la IA.
Estos sectores alertan sobre los riesgos asociados al desarrollo autónomo de tecnologías críticas, como armas biológicas o sistemas de desinformación automatizados. No obstante, el plan del gobierno de Milei se fundamenta en evitar lo que define como "la mano mortal de una regulación prematura" para permitir un desarrollo corporativo sin restricciones estatales. (10).
