El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó este martes 21 de julio de 2026 las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en el país no volverán a celebrarse elecciones. El funcionario estadounidense pidió a la comunidad internacional adoptar una postura conjunta frente a lo que calificó como una consolidación del poder de la administración encabezada por Ortega y Rosario Murillo.
En un comunicado oficial, Rubio sostuvo que las declaraciones del mandatario nicaragüense "dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria" y afirmó que el pueblo de Nicaragua tiene derecho a elegir a sus autoridades mediante elecciones democráticas.
El jefe de la diplomacia estadounidense también instó a otros países a pronunciarse sobre la situación política en Nicaragua y señaló que el Gobierno de ese país no puede mantener relaciones internacionales bajo condiciones habituales mientras, según indicó, se aparta de los principios democráticos.
Ortega anuncia que no habrá nuevas elecciones
Las declaraciones de Rubio se produjeron un día después de que Daniel Ortega, durante un acto por el 47.º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, afirmara que en Nicaragua no volverán a realizarse elecciones.
En su intervención, el mandatario acusó a sectores de la oposición de intentar desestabilizar al Estado y anunció que promoverá nuevas disposiciones legales para impedir que, según sus palabras, "golpistas" y "vendepatrias" regresen a espacios de poder.
Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde 2007, tras haber asumido anteriormente la Presidencia entre 1979 y 1990, luego del triunfo de la Revolución Sandinista que puso fin al régimen de la familia Somoza.
Contexto de la situación política
En los últimos años, la situación política de Nicaragua ha sido objeto de seguimiento por parte de organismos internacionales y gobiernos extranjeros.
Organizaciones de derechos humanos, sectores de la oposición y diversas organizaciones civiles han denunciado un deterioro de las garantías democráticas, especialmente después de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 fallecidos, según reportes de organismos internacionales.
Además, estas organizaciones han documentado detenciones de opositores, expulsiones del país, privaciones de nacionalidad y el cierre de organizaciones no gubernamentales y universidades. El Gobierno de Nicaragua ha rechazado estas acusaciones y sostiene que sus acciones responden a la defensa del orden constitucional y la seguridad del Estado.
