Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó la petición del Departamento de Justicia para levantar la orden judicial que impide aplicar la reforma al voto por correo. Esta medida es impulsada por el presidente Donald Trump antes de las elecciones legislativas de noviembre. Con ello, continúa vigente el fallo de un juez federal de Boston que declaró ilegales varias disposiciones de la orden ejecutiva en una veintena de estados y el Distrito de Columbia.
La decisión fue adoptada por un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, que concluyó que no correspondía suspender el fallo de primera instancia mientras avanza el proceso judicial. La resolución representa un revés para la estrategia de la administración Trump de implementar las nuevas reglas antes de los comicios del 3 de noviembre.
Tribunal mantiene vigente el fallo de Boston
La orden ejecutiva promovida por Donald Trump modifica diversos aspectos relacionados con el voto por correo, un mecanismo que el mandatario ha cuestionado reiteradamente al afirmar, sin presentar pruebas concluyentes, que beneficia de forma indebida al Partido Demócrata. La Casa Blanca sostiene que las medidas buscan reforzar la seguridad e integridad del sistema electoral.
Los jueces Gustavo Gelpí y Julie Rikelman determinaron que los estados demandantes presentaron suficientes argumentos para demostrar que la aplicación inmediata de la orden podría generar perjuicios en la organización de las elecciones. En su opinión, señalaron que los cambios propuestos generan una presión significativa sobre los organismos electorales estatales debido a los plazos establecidos.
Posturas divididas entre los magistrados
El juez Joshua Dunlap emitió un voto parcialmente discrepante. Consideró que una de las disposiciones impugnadas, relacionada con la elaboración de una lista de votantes ciudadanos por parte del Departamento de Seguridad Nacional, podría mantenerse vigente como herramienta de apoyo para las autoridades estatales.
La demanda fue impulsada por una coalición de estados encabezada por la Fiscalía General de California. Paralelamente, un grupo de fiscales generales republicanos intervino en respaldo de la orden ejecutiva, argumentando que las medidas fortalecen los controles para prevenir posibles irregularidades electorales.
Servicio Postal también es parte del litigio
Otro de los puntos cuestionados corresponde al Servicio Postal de Estados Unidos. La orden presidencial dispone cambios en el diseño del correo electoral y plantea que los estados coordinen con esa entidad sus registros de ciudadanos habilitados para recibir papeletas por correo.
Los estados demandantes sostienen que estas disposiciones convertirían al Servicio Postal en un regulador electoral, una función que consideran incompatible con la legislación vigente. Además, advirtieron que el texto de la orden contempla posibles consecuencias legales para las jurisdicciones que decidan no utilizar las listas federales propuestas por el Gobierno.
Continúan las acciones judiciales
El litigio no es el único que enfrenta la administración Donald Trump. El Comité Nacional Demócrata y dirigentes del partido en el Congreso mantienen otra demanda ante tribunales federales de Washington para frenar la aplicación de la orden ejecutiva antes de las elecciones legislativas.
En ese proceso, un juez federal resolvió en mayo que aún era prematuro bloquear la medida porque las agencias federales no habían iniciado su implementación. Sin embargo, posteriormente el Servicio Postal comenzó el procedimiento para elaborar la normativa correspondiente, lo que reactivó las impugnaciones.
Posible llegada al Tribunal Supremo
El Departamento de Justicia ha indicado en escritos judiciales previos que analiza presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para intentar revertir la decisión del Primer Circuito y permitir la aplicación de la orden ejecutiva.
Mientras tanto, el fallo del juez de Boston continuará vigente en los estados demandantes, limitando la implementación de la reforma del voto por correo a pocos meses de unas elecciones legislativas que definirán el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos.
