La mañana del 22 de junio de 2026, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia penal contra el expresidente Rafael Correa y otros posibles involucrados por un presunto caso de espionaje relacionado con el supuesto manejo indebido del sistema de videovigilancia de Segura EP. La funcionaria solicitó que se investiguen los hechos para determinar si existieron delitos y posibles responsabilidades penales.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía con el objetivo de que se inicie una investigación formal sobre el uso de la plataforma tecnológica de Segura EP, herramienta creada para apoyar tareas de seguridad ciudadana mediante sistemas de monitoreo y videovigilancia.

Según explicó Morillo, los hechos expuestos en la denuncia podrían configurar varias infracciones. Por ello, señaló que corresponde a la Fiscalía recopilar elementos, verificar información y establecer si existen fundamentos para formular cargos dentro del proceso judicial.

Fiscalía deberá determinar responsabilidades

Durante sus declaraciones a la prensa, la ministra indicó que la investigación permitirá esclarecer el alcance de los hechos denunciados. Además, sostuvo que el proceso podría identificar a otras personas que presuntamente habrían participado en la estructura señalada.

Morillo manifestó que la determinación de posibles involucrados deberá realizarse dentro de las etapas previstas por la ley. De igual forma, reiteró que cualquier conclusión dependerá de los resultados de las diligencias que disponga la autoridad competente.

La titular de Gobierno también afirmó que, de acuerdo con la denuncia presentada, el expresidente Rafael Correa sería quien presuntamente estaría al frente de la estructura investigada. Sin embargo, enfatizó que la existencia de delitos y la definición de responsabilidades corresponden exclusivamente a la Fiscalía y, posteriormente, a las instancias judiciales.

Declaraciones de la ministra

Entre las declaraciones difundidas por la funcionaria, destacó que la denuncia busca que las autoridades revisen el posible uso irregular de herramientas destinadas a la seguridad pública.

"Será la Fiscalía la que determine la existencia de delitos y las responsabilidades correspondientes", sostuvo la ministra durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras presentar la denuncia.

Además, señaló que la investigación permitirá conocer si existen más personas relacionadas con los hechos denunciados. En consecuencia, insistió en que el proceso deberá desarrollarse conforme a las disposiciones legales vigentes y con respeto al debido proceso.

Contexto del caso

El caso gira en torno al supuesto manejo indebido del sistema de videovigilancia de Segura EP, entidad que opera herramientas tecnológicas para apoyar labores de prevención y vigilancia. La denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno plantea que dichos recursos habrían sido utilizados de manera irregular, aspecto que ahora deberá ser verificado por los investigadores.

Por ahora, la denuncia constituye el punto de partida de una fase investigativa. Mientras tanto, la Fiscalía deberá analizar la documentación entregada, recopilar información y determinar si existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal.

De esta manera, el caso entra en una etapa de evaluación judicial. A partir de las diligencias que se practiquen, las autoridades definirán los siguientes pasos dentro de la investigación sobre el presunto espionaje vinculado a Segura EP.