El Gobierno presentó el Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029, que plantea una nueva estrategia para enfrentar la violencia en Ecuador. El documento fue dado a conocer este año y propone combinar las acciones policiales y militares con políticas de educación, empleo, salud, reducción de la pobreza y fortalecimiento del tejido social, con el objetivo de prevenir el avance del crimen organizado.
El plan señala que la seguridad no depende solo del control policial. También establece que el bienestar de la población influye en la reducción de la violencia. Por esa razón, incorpora el concepto de seguridad multidimensional, que vincula la protección ciudadana con el acceso a servicios básicos y oportunidades.
Además, el documento plantea que, luego de los operativos de seguridad, el Estado debe mantener una presencia permanente en los territorios afectados mediante programas sociales que reduzcan las condiciones que favorecen la actividad de grupos delictivos.
La estrategia incorpora factores sociales
El Plan Nacional de Seguridad Integral sostiene que la seguridad debe entenderse como una condición que permita a las personas desarrollar su proyecto de vida. Por ello, considera de interés nacional el acceso a educación, salud, vivienda, empleo y servicios básicos.
El diagnóstico del documento indica que la pobreza alcanzó el 24 % a mediados de 2025, mientras que la pobreza extrema llegó al 10,4 %. También señala que la informalidad laboral supera el 53 %, condiciones que, según el plan, aumentan la vulnerabilidad frente al reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
El texto identifica que niños y adolescentes enfrentan mayores riesgos cuando existen factores como la deserción escolar, la falta de oportunidades laborales y la desigualdad social.
La educación ocupa un lugar central
Dentro de la estrategia, el Gobierno plantea reducir la deserción escolar, fortalecer la seguridad en las instituciones educativas y reforzar la formación en valores como parte de la prevención de la violencia. El documento indica que cerca del 38,8 % de los estudiantes ha presenciado hechos violentos dentro o en los alrededores de sus centros educativos, una situación que también influye en el abandono escolar.
El excatedrático universitario Javier Cedeño considera que el nuevo enfoque representa un avance. "Es un paso adelante que ahora se le dé importancia al tema social para combatir la inseguridad. Todo gobierno debería partir primero desde lo social", afirmó.
Empleo y desarrollo como parte de la prevención
El plan también incorpora el empleo como un componente de la política de seguridad. Entre sus objetivos figura reducir el desempleo, disminuir la informalidad laboral y ampliar la capacitación técnica para jóvenes y adultos.
El Objetivo Nacional 5 establece la necesidad de generar condiciones para el trabajo pleno, sobre todo en zonas donde operan organizaciones criminales. Además, plantea que los programas de desarrollo social acompañen las intervenciones de las fuerzas de seguridad.
Cedeño agregó que "la educación es la herramienta más importante que pueda existir para lograr un equilibrio social". También sostuvo que fortalecer la formación en valores ayudará a construir una sociedad menos vulnerable frente a la delincuencia.
Especialistas destacan la continuidad
El sociólogo y excatedrático Ronald Intriago señaló que el principal reto será mantener estas políticas durante varios años. "La sociedad está fallando en lo social porque no existen políticas públicas permanentes en el tiempo. Cada gobierno cambia las prioridades y esa continuidad se interrumpe", expresó.
Asimismo, indicó que la familia cumple un papel importante en la prevención. "Los dos componentes que estructuran una buena sociedad son la familia y la educación. Cuando esos dos pilares fallan, comienza a fracturarse todo el tejido social", manifestó.
Los especialistas coincidieron en que los efectos de esta estrategia no serán inmediatos. Sin embargo, señalaron que la continuidad de las políticas públicas será determinante para que el enfoque social contribuya a reducir la violencia en el mediano y largo plazo.
