El Gobierno Nacional rechazó la condena de 17 años de prisión impuesta por la justicia a dos policías, declarados culpables de extralimitación de funciones en un operativo realizado hace diez años en Quito. El sargento primero Diego Trujillo y el cabo primero Leonardo Montalvo fueron sentenciados por el sistema judicial ecuatoriano tras un enfrentamiento en el que abatieron a un delincuente armado durante un asalto frustrado.
La sentencia incluye una multa de 60 salarios básicos unificados (28.900 dólares) y el pago de 25.000 dólares en reparación integral a la familia del fallecido.El ministro del Interior, John Reimberg, criticó públicamente la decisión en un video difundido en su cuenta de la red social X.
Ministerio del Interior en contra de las sentencias
El funcionario señaló directamente al fiscal Alexei Hoyos y a las juezas Yolanda Portilla, Ivonne Vázquez y Karen Matamoros, responsables del caso. "Menciono sus nombres para que la ciudadanía conozca quiénes tomaron esta decisión y prefirieron castigar a quienes arriesgaron su vida por la seguridad de los ecuatorianos", afirmó Reimberg.
El ministro instruyó a los equipos jurídicos del Ministerio del Interior y de la Comandancia General de la Policía para brindar acompañamiento técnico y legal permanente a los agentes. El objetivo es defender a los uniformados ante lo que el Gobierno considera una sentencia que desincentiva la labor policial.Los hechos se remontan a una intervención policial ocurrida hace una década en el Distrito Metropolitano de Quito.
Los agentes respondieron a una alerta de robo y se enfrentaron a individuos armados. En el procedimiento, uno de los sospechosos resultó abatido. La justicia determinó que los policías incurrieron en extralimitación de funciones al neutralizar al delincuente.El Ministerio del Interior ha reiterado que el Estado ecuatoriano no permitirá que se siente un precedente que desincentive la actuación de sus efectivos.
El ministro Reimberg criticó a los jueces
"Defenderemos a nuestros policías cuando actúen en cumplimiento de su deber, dentro del marco de la ley y protección de la ciudadanía. Porque mientras los criminales busquen imponer el miedo, nosotros seguiremos defendiendo a quienes tienen el valor de enfrentarlos", señaló Reimberg.
Esta sentencia ha reabierto el debate sobre el respaldo institucional a los miembros de las fuerzas del orden en Ecuador, en un contexto de alta inseguridad ciudadana. El caso se produce mientras el país enfrenta desafíos en materia de delincuencia organizada y violencia urbana.Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido declaraciones adicionales sobre las críticas del ministro.
