La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional suspendió este viernes 17 de julio de 2026 la fase testimonial del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, luego de que Roberto Luque, Antonio Goncalves y Fabián Calero no acudieran a rendir sus versiones. La mesa legislativa resolvió insistir en su comparecencia antes de continuar con el trámite.
El presidente de la comisión, Ferninan Álvarez, verificó la ausencia de los convocados al inicio de la sesión y acogió el pedido del legislador Blasco Luna, uno de los proponentes del juicio político, para realizar una nueva convocatoria y mantener abierta la etapa de recepción de testimonios.
Comisión reprogramará las comparecencias
La secretaria de la comisión informó que el ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, recibió la notificación la misma mañana de la diligencia. En tanto, Antonio Goncalves, exministro de Energía, y Fabián Calero, exgerente de CELEC, fueron notificados previamente mediante correos electrónicos y canales oficiales de la Asamblea Nacional.
Tras la suspensión, la comisión fijó de manera tentativa la reinstalación de la sesión para el lunes 20 de julio a las 17h00, con el propósito de insistir en la comparecencia de los testigos solicitados por los asambleístas interpelantes.
Proceso continúa dentro de los plazos
El juicio político se impulsa por un presunto incumplimiento de funciones relacionado con el fallido contrato suscrito entre CELEC y la empresa ATM para la provisión de generadores eléctricos. La exministra Inés Manzano, quien permanece fuera del país, participa en el proceso mediante conexión telemática y delegó a sus abogados la presentación de sus argumentos de defensa.
La Comisión de Fiscalización también resolvió convocar al periodista Álvaro Martín, cuya comparecencia fue incorporada como prueba testimonial tras la aprobación de una moción de los legisladores.
El procedimiento legislativo mantiene los plazos establecidos por la ley. Según el cronograma, la comisión deberá elaborar su informe una vez concluida la etapa probatoria. El plazo legal vence el 21 de julio, fecha a partir de la cual los legisladores definirán si el expediente reúne los requisitos para ser remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se resolverá la continuidad o el archivo del juicio político.
