La Asamblea Nacional analiza una reforma a la Ley de Inquilinato que plantea nuevas reglas para el cobro y devolución de las garantías entregadas en los contratos de arrendamiento.

La propuesta, que está en revisión dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, busca evitar cobros elevados y establecer mecanismos más rápidos para resolver conflictos entre propietarios e inquilinos.

El proyecto pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea el 22 de abril de 2026 y actualmente continúa su trámite en la comisión correspondiente, antes de llegar a una segunda discusión. 

Cambios planteados para las garantías de arriendo

Uno de los principales cambios que plantea la iniciativa es modificar la forma en que se establece el valor de la garantía. La normativa vigente no obliga a que los contratos incluyan un depósito, aunque en la práctica es común que propietarios soliciten uno o dos meses de arriendo como respaldo.

Con la reforma, ese valor ya no dependería únicamente del acuerdo entre las partes. La propuesta plantea que la garantía se determine con base en criterios técnicos relacionados con posibles reparaciones del inmueble por daños ocasionados durante el uso de la vivienda.

De esta manera, el proyecto busca que los montos entregados sean proporcionales y que los arrendatarios puedan recuperar su dinero cuando no existan daños comprobados en la propiedad.

Proceso para recuperar el dinero entregado

Además, la reforma plantea que los conflictos por la devolución de garantías puedan resolverse mediante el procedimiento sumario establecido en el Código Orgánico General de Procesos (Cogep). La finalidad es reducir los tiempos de estos procesos cuando exista una disputa entre las partes.

Actualmente, al terminar un contrato, el propietario debe devolver la garantía, excepto cuando existan daños atribuibles al inquilino. En esos casos, los descuentos deben estar respaldados por los costos reales de reparación y documentos que justifiquen esos valores.

Revisión de contratos y responsabilidades

La propuesta también incluye cambios relacionados con contratos de arrendamiento, reparaciones, sanciones por incumplimiento, inscripción de contratos y mecanismos para solucionar disputas entre propietarios e inquilinos.

Otro punto en discusión es la importancia de contar con contratos escritos. Aunque la ley reconoce acuerdos verbales y escritos, la falta de un documento puede dificultar la comprobación de las condiciones pactadas cuando surge un conflicto.

Debate sobre reparaciones y desalojos

Dentro del proyecto también se revisan las obligaciones de propietarios y arrendatarios. La normativa actual establece que el dueño debe mantener el inmueble en condiciones adecuadas, mientras que el inquilino debe responder por daños que cause durante la ocupación.

Asimismo, la Asamblea analiza las reglas relacionadas con los desalojos. La ley vigente establece causas específicas para solicitar la entrega del inmueble, entre ellas la falta de pago, daños al bien, subarriendo sin autorización, uso diferente al acordado o la necesidad comprobada del propietario de ocupar la vivienda.

La reforma continúa en etapa de análisis y todavía no cuenta con aprobación definitiva.