El Pleno de la Asamblea Nacional archivó el Proyecto de Ley Orgánica para el Uso Responsable de Redes Sociales, luego de acoger el informe presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.
La decisión se tomó este martes 23 de junio de 2026, con 139 votos afirmativos. El archivo implica que la propuesta no continuará su trámite legislativo en la Asamblea.
El proyecto tenía como objetivo regular el uso de redes sociales y proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes y de la ciudadanía en general. Sin embargo, el análisis técnico, jurídico y constitucional determinó que el texto presentaba observaciones de fondo.
Observaciones sobre libertad de expresión
La legisladora ponente, Cecilia Baltazar, explicó que una de las principales preocupaciones fue que el proyecto no garantizaba de manera adecuada el derecho a la libertad de expresión.
Según el informe legislativo, la propuesta debía observar la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Baltazar señaló que no se pueden aprobar normas que desconozcan estándares constitucionales e internacionales, especialmente cuando se trata de regular espacios digitales de comunicación pública.
Regulación considerada sancionatoria
Otra de las observaciones en la Asamblea fue el carácter sancionatorio del proyecto. La comisión señaló que la propuesta planteaba una regulación excesiva, sin un equilibrio adecuado con otros derechos fundamentales.
También se advirtió que el texto no desarrollaba de forma suficiente la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de redes sociales.
Este punto fue relevante porque uno de los objetivos declarados del proyecto era proteger a menores de edad y usuarios frente a posibles afectaciones en plataformas digitales.
Vacíos en datos personales e institucionalidad
El informe también observó vacíos relacionados con la protección de datos personales, pese a que Ecuador ya cuenta con normativa vigente sobre esa materia.
Además, se identificó falta de claridad sobre la entidad que tendría a su cargo el control, la vigilancia y la aplicación de sanciones. Para la comisión, esa indefinición podía afectar el principio de seguridad jurídica.
El debate legislativo resaltó que las redes sociales son espacios de participación ciudadana, debate público y ejercicio de derechos. Por ello, cualquier intento de regulación debe ser claro, proporcional y compatible con estándares nacionales e internacionales.
Podrían presentarse nuevas propuestas
El archivo del proyecto no impide que en el futuro se presenten nuevas iniciativas sobre uso responsable de redes sociales, seguridad digital o protección de menores en entornos virtuales.
La propia legisladora ponente llamó a construir propuestas que garanticen derechos fundamentales sin restringir la libertad de expresión ni el acceso a la información.
Con la decisión del Pleno, la Asamblea cerró el trámite de esta propuesta específica, pero dejó abierto el debate sobre cómo regular los riesgos digitales sin afectar garantías constitucionales.
