El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Manabí dictó una sentencia condenatoria de 19 años de prisión en contra de Luis C. y Juan Ch., tras declararlos culpables del delito de tenencia y porte no autorizado de armas (subametralladora) y municiones de uso privativo de la Policía y Fuerzas Armadas. La resolución judicial se emitió este mes de junio de 2026 en el cantón Sucre, luego de que la Fiscalía General del Estado demostrara con once pruebas contundentes que los procesados guardaban armamento pesado para la ejecución de actividades ilícitas en la zona.
El operativo militar en el cantón Sucre
La investigación judicial tuvo su origen en una intervención ejecutada el pasado 22 de junio de 2025 en el sector denominado Mangle 2000, ubicado en el cantón Sucre. En aquella fecha, las unidades de las Fuerzas Armadas recibieron alertas mediante fuentes reservadas sobre la presencia de ciudadanos sospechosos que almacenaban material bélico dentro de una vivienda invadida.
Tras verificar los movimientos extraños en el lugar, los uniformados procedieron a realizar un allanamiento del inmueble. Al revisar las habitaciones, los militares encontraron una subametralladora, treinta y dos municiones, prendas de vestir y pasamontañas, elementos que comúnmente son utilizados para ocultar la identidad durante la ejecución de robos y asaltos. El procedimiento de los militares fue apoyado por personal de la Policía.
Pruebas determinantes para la condena judicial
Durante el desarrollo de la audiencia de juzgamiento, el fiscal asignado al caso sustentó la acusación mediante una serie de evidencias periciales y testimoniales. Entre los documentos más importantes se incluyó una pericia balística oficial, la cual determinó de manera que el arma de fuego incautada y los cartuchos se encontraban en perfectas condiciones de funcionamiento.
Asimismo, los jueces analizaron el informe del reconocimiento del lugar, el acta de levantamiento de las evidencias físicas bajo estricta cadena de custodia y el informe de los investigadores. Este último documento determinó que los dos ciudadanos sentenciados formaban parte activa de la organización criminal conocida como «Los Fatales», un grupo dedicado a diversas actividades delictivas en el cantón Sucre.
Estrategias contra la delincuencia organizada
El arresto formó parte de una estrategia integral denominada operación militar Camex Móvil Urbana, planificada y ejecutada por el Bloque de Seguridad. Esta intervención se desplegó con el objetivo principal de contrarrestar los altos índices de violencia e inseguridad ciudadana que estaban afectando las diversas localidades de esta zona costera.
En el informe oficial del procedimiento se detalló que el inmueble intervenido correspondía a una propiedad invadida de forma ilegal, donde inicialmente se reportó la aprehensión de cinco personas. Tras los procesos de investigación y las etapas correspondientes del juicio, las autoridades determinaron la responsabilidad directa de Luis C. y Juan Ch. en la posesión de la subametralladora y municiones.
Sanciones legales vigentes en el código penal
La legislación penal de Ecuador sanciona con severidad la posesión de armamento y artefactos de uso exclusivo para las fuerzas militares y policiales por parte de civiles, en este caso la subametralladora hallada. Este delito de tenencia de armas, municiones o componentes de uso privativo de las fuerzas del orden se encuentra tipificado en el artículo 360.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuerpo legal que establece castigos fijos que van desde los 19 hasta los 22 años de cárcel.
Con la ratificación de esta condena, el Tribunal de Garantías Penales respaldó la postura jurídica de la Fiscalía. Las autoridades informaron que estas acciones coordinadas buscan neutralizar las amenazas de las bandas organizadas, recuperar los espacios públicos tomados por la delincuencia y garantizar la paz de los habitantes de Manabí.
