La madrugada de este jueves, 25 de junio de 2026, la Policía Nacional ejecutó la Operación Digitador en los cantones de Jipijapa, Bolívar y San Vicente, en la provincia de Manabí, donde realizó 18 allanamientos, incluidos cinco en instituciones públicas, y detuvo a 13 personas, entre ellas la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada relacionada con la emisión irregular de documentos de tránsito vehicular.
Las acciones fueron informadas por el ministro del Interior, John Reimberg, y por el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado, quienes señalaron que la estructura investigada estaría integrada por funcionarios de entidades de tránsito, digitadores, técnicos y tramitadores externos.
Según las autoridades, la organización habría operado mediante la emisión irregular de matrículas, revisiones técnicas vehiculares, licencias de conducir y traspasos vehiculares, a cambio de pagos que oscilaban entre USD 100 y USD 150 por trámite.
Investigación iniciada en 2025
De acuerdo con la información oficial, la investigación comenzó en agosto de 2025 tras una denuncia presentada a través de la línea 1800 DELITO. Las diligencias permitieron identificar una presunta red que operaba en dependencias relacionadas con tránsito y movilidad de varios cantones manabitas.
Las autoridades sostienen que los involucrados habrían facilitado trámites sin cumplir los requisitos técnicos y legales establecidos, afectando los procesos regulares para la ciudadanía.
La Policía informó que el presunto perjuicio económico al Estado superaría los USD 5 millones, cifra que forma parte de las investigaciones desarrolladas por las unidades especializadas.
Detenidos y entidades intervenidas
Entre los detenidos constan la alcaldesa Ángela P. S., identificada en la investigación con el alias de "Jefa"; funcionarios vinculados a matriculación, movilidad y revisión técnica vehicular; además de digitadores y tramitadores externos:
Raúl A. D., alias "Lito", gerente de la Corporación de Servicios Municipales; Jorge P. G., alias "Tito", jefe de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular (RTV); los digitadores Andy P. M., alias "Michi", y Vicente L. P., alias "Gordo"; Marco M. P., alias "Abogado", director de Movilidad; José F. C., alias "Inge", coordinador de Matriculación; Javier I. C., alias "Jesús", técnico de emisión de licencias; Roberto M. V., alias "Chencho", tramitador; María P. B., alias "Monti", exdigitadora de Servicios Municipales; María L. P., alias "Nanda", exdigitadora de Servicorp; Joan A. T., alias "Toño", tramitador; y Julissa L. P., alias "Michu", tramitadora.
Según la investigación, los procesados desempeñaban distintas funciones dentro de la presunta estructura dedicada a la emisión irregular de documentos de tránsito en Manabí.
Durante la operación fueron allanados 13 domicilios y cinco instituciones públicas: el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa, la Corporación de Servicios Públicos Municipales de Jipijapa, la dependencia de Matriculación Vehicular de Jipijapa, el Centro de Revisión Municipal de Calceta y la unidad de Revisión Técnica Vehicular de San Vicente.
Como parte de las evidencias levantadas, los agentes incautaron teléfonos móviles, computadoras, laptops, dispositivos de almacenamiento, chips telefónicos, una iPad y dinero en efectivo, elementos que serán incorporados a la investigación.
Movimientos financieros bajo análisis
Otro de los aspectos señalados por las autoridades corresponde al análisis financiero realizado durante la investigación.
Según la información presentada por el Ministerio del Interior, se detectaron movimientos económicos por más de USD 2,6 millones que presuntamente no guardarían relación con los ingresos declarados por la principal investigada.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la presunta estructura, establecer responsabilidades individuales y definir las acciones correspondientes dentro del proceso judicial.
