Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, enfrenta una investigación penal tras la ejecución de la Operación Digitador en la provincia de Manabí.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la presunta red de corrupción desarticulada habría generado un perjuicio superior a $5 millones al Estado mediante la emisión irregular de documentos de tránsito en los cantones de Jipijapa, Bolívar y San Vicente.
La intervención policial ejecutó 18 allanamientos durante la madrugada, incluidos cinco en instituciones públicas. Como resultado, las autoridades aprehendieron a 13 personas en total.
Cómo operaba la red de Ángela Plúa en Manabí
La organización estaba integrada por funcionarios vinculados a entidades de tránsito de los tres cantones y por tramitadores externos.
La investigación sostiene que los involucrados habrían cobrado entre $100 y $150 por trámite para agilizar procesos y evadir requisitos legales y técnicos relacionados con matrículas, revisiones vehiculares, licencias y traspasos de dominio. La estructura contaba con roles definidos entre digitadores, coordinadores, técnicos y tramitadores particulares que actuaban de manera articulada.
El Gobierno señaló que estas acciones afectaban la atención regular a los usuarios. Los ciudadanos recibían como respuesta frecuente que el sistema no se encontraba operativo mientras los integrantes de la red gestionaban trámites por vías irregulares, lo que generaba un perjuicio directo a quienes requerían los servicios de forma legal y en los plazos establecidos por las instituciones competentes.
La denuncia que desencadenó la Operación Digitador
Reimberg indicó que la investigación arrancó en agosto de 2025 luego de una denuncia presentada a través de la línea 1800 Delito. A partir de ese reporte, los organismos de control realizaron seguimientos que permitieron identificar el supuesto funcionamiento de la red en los tres cantones manabitas. El proceso investigativo avanzó con monitoreos sostenidos hasta consolidar los elementos necesarios para la intervención policial.
Los investigadores detectaron movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos reportados por Ángela Plúa. Los datos expuestos por el Ministerio del Interior indican que existen más de $2,6 millones sin justificación aparente, cifra que fortaleció la hipótesis sobre la existencia de una estructura de delincuencia organizada con meses de actividad antes de la operación.
Allanamientos en dependencias públicas de Manabí
Durante la operación, la Policía intervino varias dependencias vinculadas a servicios de tránsito y movilidad en los cantones investigados. Las instituciones allanadas incluyeron el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa, la Corporación de Servicios Públicos Municipales de Jipijapa, la Unidad de matriculación vehicular del cantón, el Centro de revisión técnica vehicular de Calceta y la Estación de revisión técnica de San Vicente. Cada sede presentaba vínculos directos con los trámites irregulares que documenta la investigación.
Los agentes también incautaron teléfonos móviles, computadoras, dispositivos de almacenamiento digital, chips telefónicos y dinero en efectivo. Todos estos elementos pasan a formar parte del expediente judicial en curso y constituyen evidencia clave para establecer el alcance real de la presunta red de corrupción.
Los 13 aprehendidos en la Operación Digitador
La Policía Nacional confirmó la detención de 13 personas con distintos roles dentro de la presunta estructura de delincuencia organizada.
A continuación, el listado completo de aprehendidos:
-Ángela Plúa, alias Jefa - alcaldesa de Jipijapa, presunta cabecilla de la red.
-Raúl A. D., alias Lito - gerente de la Corporación de Servicios Municipales.
-Jorge P. G., alias Tito - jefe de Matriculación y RTV.
-Andy P. M., alias Michi - digitador.
-Vicente L. P., alias Gordo - digitador.
-Marco M. P., alias Abogado - director de Movilidad.
-José F. C., alias Inge - coordinador de Matriculación.
-Javier I. C., alias Jesús - técnico de emisión de licencias.
-Oberto M. V., alias Chencho - tramitador.
-María P. B., alias Monti - exdigitadora de Servicios Municipales.
-María L. P., alias Nanda - exdigitadora de Servicorp.
-Joan A. T., alias Toño - tramitador.
-Julissa L. P., alias Michu - tramitadora.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la presunta estructura, establecer responsabilidades individuales y definir las acciones correspondientes dentro del proceso judicial.
