La Fiscalía General del Estado presentó elementos de convicción suficientes para que un Juez de Alausí dicte auto de llamamiento a juicio contra Julio Rodrigo L. P., procesado por el presunto delito de violación contra una adolescente con discapacidad intelectual del 53 %.
La decisión se adoptó este lunes 15 de junio de 2026 durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Audiencia
Durante la diligencia, el magistrado ratificó las medidas cautelares previamente impuestas al procesado: prohibición de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía cada ocho días. Según la versión fiscal, los hechos se registraron el 24 de julio de 2019.
La víctima, una adolescente de 17 años con discapacidad intelectual, habría sido agredida sexualmente en varias ocasiones por el procesado, quien era compadre de su tía. Los hechos habrían ocurrido en el domicilio del imputado, ubicado en la ciudadela El Bosque de Alausí, provincia de Chimborazo.
La denuncia fue presentada por la tía de la víctima, quien indicó que su sobrina le confesó lo sucedido e identificó a Julio Rodrigo L. P. como el presunto responsable.
Los cargos
En la audiencia, la Fiscalía Multicompetente de Alausí expuso diversos elementos de convicción recabados durante la instrucción, entre ellos, informe médico legal que evidenciaría la agresión sexual, testimonio anticipado de la víctima, carné de discapacidad de la adolescente, informes investigativos de la Policía Judicial (UNCIS Chimborazo), incluido el reconocimiento del lugar de los hechos.
La Fiscalía argumentó que el procesado presuntamente utilizó la fuerza y se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de la menor para cometer el delito.
Proceso judicial
Este proceso judicial corresponde a hechos ocurridos hace casi siete años. La lentitud en este tipo de casos ha sido históricamente un reclamo de organizaciones de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando las víctimas presentan alguna discapacidad.
En Chimborazo, como en el resto del país, los delitos de violencia sexual contra menores y personas en condición de vulnerabilidad son investigados con prioridad por la Fiscalía, aplicando las agravantes previstas en el Código Orgánico Integral Penal.
Las autoridades recuerdan que toda persona procesada se encuentra amparada por el principio de presunción de inocencia hasta que una sentencia condenatoria quede en firme.
