Andrea del Rocío Icaza, señalada en la investigación como una persona cercana al alcalde de Machala, Darío Macas, recuperó su libertad tras haber sido detenida durante el megaoperativo ejecutado el 6 de julio de 2026 por la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La mujer fue liberada luego de rendir su versión informativa ante las autoridades.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no ha informado si Icaza enfrentará cargos dentro del proceso, si se le impusieron medidas cautelares o si continuará vinculada a la causa en calidad de procesada o testigo.
Mientras tanto, la situación jurídica del alcalde Darío Macas y de su esposa, Carmen Ruth Chávez Pérez, permanece sin resolverse. Ambos continúan bajo custodia en el Comando de Policía de Machala, a la espera de la decisión judicial dentro de la audiencia de formulación de cargos, desarrollada de forma telemática ante un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Investigación por presunto enriquecimiento ilícito
Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, la investigación se centra en un presunto esquema de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con las autoridades, el patrimonio del alcalde y su esposa habría registrado un incremento injustificado cercano a los 6 millones de dólares entre 2019 y 2025.
Entre los elementos expuestos por la investigación constan depósitos y retiros en efectivo por montos elevados, cuya procedencia estaría bajo análisis por parte de los organismos de control financiero.
Asimismo, la investigación señala la presunta utilización de empresas para canalizar recursos y la existencia de posibles conflictos de intereses relacionados con contratos celebrados con el Municipio de Machala. Entre los hallazgos figura una compañía constituida en 2025, cuyas acciones pertenecerían mayoritariamente al alcalde y que habría prestado servicios a la administración municipal.
Proceso judicial continúa
Las autoridades continúan recopilando elementos dentro del proceso para determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley. La audiencia de formulación de cargos definirá la situación jurídica del alcalde y de su esposa, incluida la eventual aplicación de prisión preventiva u otras medidas cautelares.
El ministro John Reimberg señaló que el Gobierno mantiene seguimiento al caso y afirmó que se han activado mecanismos de inteligencia para prevenir posibles interferencias en el desarrollo del proceso judicial.
La investigación permanece en etapa judicial y será la autoridad competente la que determine la existencia o no de responsabilidades penales, conforme avance el procedimiento establecido en la legislación ecuatoriana.
