La Diócesis de Santo Domingo hizo un llamado público para localizar a posibles víctimas del exsacerdote Miguel Flores Martínez, religioso que trabajó en la provincia entre 2013 y 2019 y que fue expulsado del estado clerical por la Iglesia Católica tras una sanción por abuso sexual. La iniciativa se conoció en 2026, luego de que una víctima contactara a las autoridades eclesiásticas para solicitar apoyo en la difusión del caso y la búsqueda de posibles afectados.

El primer acercamiento ocurrió el 19 de mayo de 2026. A partir de esa fecha, la Diócesis inició una investigación previa y difundió un edicto en parroquias, colegios y medios institucionales para recibir información de cualquier persona que considere haber sido víctima de algún tipo de abuso durante la permanencia del exreligioso en Santo Domingo.

Miguel Flores Martínez pertenecía a la Orden de las Escuelas Pías, conocida como los Escolapios. Según explicó el vicario judicial de la Diócesis, padre Jorge Apolo, el exsacerdote no formaba parte del clero diocesano. Su presencia en la provincia dependía de las autoridades de su congregación religiosa y no directamente del obispo local.

Abuso sexual en la Iglesia de Santo Domingo

De acuerdo con la información difundida por la propia Diócesis, Flores Martínez fue separado de sus funciones en 2019. Un año después, en octubre de 2020, la Santa Sede dispuso su expulsión definitiva del estado clerical tras determinar responsabilidades en un caso de abuso sexual contra un menor ocurrido en Ciudad de México entre 2006 y 2010.

La sanción implicó la pérdida permanente de su condición sacerdotal y la prohibición de ejercer cualquier actividad ministerial dentro de la Iglesia Católica. El exreligioso falleció en México en 2022, antes de que concluyeran otros procesos impulsados por denunciantes.

El caso volvió a cobrar relevancia después de que un joven denunciara públicamente en medios mexicanos haber sufrido abusos cuando era menor de edad y participaba como monaguillo. A raíz de esos testimonios, la Diócesis de Santo Domingo decidió hacer pública la información disponible y solicitar la colaboración de posibles afectados.

Santo Domingo y la política de tolerancia cero

Durante una comparecencia ante medios de comunicación, el padre Jorge Apolo aseguró que la institución mantiene una postura firme frente a este tipo de hechos.

"Siempre llevamos tolerancia cero ante estas situaciones", afirmó el vicario judicial al explicar la posición institucional frente a denuncias relacionadas con menores de edad.

El sacerdote también señaló que la Diócesis busca que cualquier posible víctima pueda acceder a mecanismos de acompañamiento y denuncia. Según indicó, la prioridad es que los hechos sean investigados y que la verdad pueda esclarecerse.

Hasta el momento de sus declaraciones, la entidad religiosa informó que no había recibido nuevas denuncias vinculadas con el exsacerdote durante el período en que permaneció en Santo Domingo. Sin embargo, el llamado continúa vigente.

Casos judicializados y procesos canónicos

Uno de los aspectos más relevantes expuestos por la Diócesis fue la existencia de antecedentes relacionados con abusos sexuales cometidos por miembros del clero en años anteriores.

Según el padre Apolo, la institución ha tramitado entre ocho y nueve casos que concluyeron con sanciones definitivas dentro de la jurisdicción eclesiástica. La mayoría terminó con la dimisión del estado clerical, medida que implica la expulsión permanente del sacerdocio.

El vocero explicó que existen situaciones en las que las víctimas o sus familias optan por denunciar únicamente ante la Iglesia. En esos casos se desarrolla un proceso canónico que puede terminar con la expulsión del sacerdote involucrado.

No obstante, la Diócesis sostiene que su recomendación inicial siempre es acudir a la Fiscalía y activar los mecanismos de investigación del sistema judicial.

Apolo informó además que dos casos llegaron a la justicia ordinaria. Uno de los sacerdotes sentenciados ya cumplió una condena de 14 años de prisión, mientras otro permanece privado de libertad.

Prevención y controles reforzados

La institución religiosa también informó que ha fortalecido los mecanismos de prevención en la formación de nuevos sacerdotes.

Entre las medidas adoptadas se incluyen procesos más rigurosos de selección, evaluaciones psicológicas y controles previos para quienes aspiran ingresar al seminario.

Además, la Diócesis aseguró que cualquier indicio o denuncia activa procedimientos de verificación interna. El objetivo es actuar de forma inmediata cuando se trata de posibles casos que involucren a menores de edad.

Mientras continúa la búsqueda de información sobre el paso de Miguel Flores Martínez por Santo Domingo, las autoridades eclesiásticas insisten en que las personas que posean antecedentes relevantes pueden comunicarse con el Tribunal Diocesano.

El caso representa uno de los pronunciamientos más directos realizados por la Iglesia local sobre un religioso que desarrolló actividades en la provincia y que posteriormente fue expulsado del estado clerical por abuso sexual. También reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y protección de niños, niñas y adolescentes.