Este sábado 27 de junio de 2026, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que hasta 6,76 millones de personas podrían resultar damnificadas debido a los devastadores terremotos en Venezuela registrados el pasado miércoles 24 de junio.
Hasta ahora el saldo oficial provisional es de 1.430 muertos, 3.238 heridos y más de 50.000 desaparecidos según estimaciones internacionales, detonando una severa crisis humanitaria e infraestructura destruida.
Desesperación en la zona del desastre y cifras económicas
A casi 72 horas de los dos terremotos en Venezuela, los trabajos de remoción avanzan bajo la creciente indignación de los sobrevivientes por la lentitud en la asistencia estatal.
La ciudad costera de La Guaira, ubicada a 40 kilómetros de Caracas, se consolida como la zona más golpeada por los terremotos en Venezuela, exhibiendo múltiples edificaciones colapsadas.
Los daños materiales calculados inicialmente por la ONU ascienden a 6.700 millones de dólares, cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Debido a esto, los colapsos en las redes de salud y servicios funerarios han obligado a los propios ciudadanos a desenterrar y trasladar los cuerpos de sus familiares hacia las morgues locales.
Activación de asistencia internacional
Frente a la emergencia, el Aeropuerto Internacional de Caracas reabrió parcialmente sus operaciones el sábado para la recepción exclusiva de vuelos de carga con asistencia humanitaria.
Equipos especializados de búsqueda y salvamento procedentes de al menos 17 países ya se encuentran desplegados de forma directa en el terreno.
Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos dispuso un fondo de 150 millones de dólares, el envío de aeronaves de transporte, helicópteros y posicionó el buque militar anfibio "USS Fort Lauderdale" frente a las costas venezolanas para ejecutar operaciones aéreas de evacuación médica y rescate en los puntos críticos de La Guaira.
Despliegue de seguridad y tensiones políticas
Ante el escenario de devastación, la presidenta interina Delcy Rodríguez ordenó la militarización y restricción de accesos en el estado La Guaira mediante el despliegue de 14.000 efectivos militares y policiales con el objetivo de garantizar el orden público.
La mandataria, quien asumió la jefatura del Estado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de este año, enfrentó abucheos y reclamos civiles durante su recorrido de inspección por las estructuras colapsadas debido a los terremotos en Venezuela
