Gustavo Petro enfrenta una nueva controversia política en Colombia. La representante Gloria Arizabaleta, quien preside la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, presentó una propuesta que plantea suspender al mandatario hasta el próximo 21 de junio por una presunta participación política durante la actual campaña electoral.
De acuerdo con el documento, Gustavo Petro habría realizado al menos 22 publicaciones en redes sociales relacionadas con las elecciones. Las referencias incluyen menciones a candidatos, campañas y a la segunda vuelta presidencial, un escenario que concentra la atención política del país.
Gustavo Petro y la propuesta presentada en el Congreso
Arizabaleta argumentó que esas publicaciones podrían contravenir las disposiciones que regulan la participación política de los funcionarios públicos. Además, recordó que desde el inicio del mandato presidencial existen cerca de 290 denuncias contra Petro, de las cuales unas 60 guardan relación con presuntas intervenciones en procesos electorales.
Horas más tarde, la congresista presentó un anexo para aclarar el alcance de la iniciativa. En ese texto precisó que una eventual suspensión requiere discusión y votación dentro de la Comisión de Investigación y Acusación antes de avanzar a otras instancias del Congreso colombiano.
El documento también señala que se decidió "resolvió suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" a Petro. Sin embargo, reconoce que "no se adoptaron decisiones (...) en aras de garantizar el debido proceso", por lo que ordena remitir el caso a la Comisión correspondiente y comunicar la actuación al presidente del Senado.
Gobierno y legisladores cuestionan el procedimiento
La propuesta provocó reacciones inmediatas dentro del Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que únicamente el Senado cuenta con la competencia necesaria para aplicar una medida de esa naturaleza después de una acusación formal tramitada por la Cámara de Representantes.
"La Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante", afirmó Benedetti a través de redes sociales. Otros integrantes del Gobierno respaldaron esa postura y señalaron que la iniciativa carece de sustento jurídico para producir efectos inmediatos.
Desde la propia Comisión de Acusaciones también surgieron pronunciamientos. El representante Alejandro Ocampo aseguró que el presidente no ha sido suspendido y que el documento mencionado ni siquiera había sido debatido formalmente dentro de ese organismo legislativo.
Gustavo Petro responde desde Nueva York
La controversia también alcanzó a sectores opositores. Abelardo de la Espriella calificó la iniciativa como un "prevaricato monumental" y un "autoatentado legislativo", al considerar que el episodio podría influir en el ambiente político previo a la segunda vuelta electoral.
"Petro se quiere robar las elecciones. Cada paso que da apunta a ello. Diez días después de las elecciones no ha reconocido el resultado. Sabe que en las urnas no tienen cómo ganar. Hoy el país amanece con un nuevo entuerto jurídico producto de un entramado cocinado en las entrañas del Gobierno", manifestó el candidato.
Más tarde, Gustavo Petro respondió a la polémica durante declaraciones ofrecidas en Nueva York. El mandatario aseguró que la propuesta surge por sus posiciones políticas y negó haber realizado acciones contrarias a la Constitución colombiana.
"No he hecho intervención en política que no se deba a la defensa de un derecho fundamental de la Constitución, de la cual soy beneficiario (por ser) presidente", declaró el jefe de Estado.
Asimismo, Gustavo Petro indicó que la iniciativa corresponde a una congresista y no a una decisión formal de la Comisión de Investigación y Acusación. Según explicó, cualquier medida de suspensión requiere etapas posteriores y la participación del Senado.
Finalmente, Gustavo Petro afirmó que diversos especialistas en derecho consideran que la Comisión de Acusaciones no posee facultades para apartar a un presidente del cargo. Además, advirtió que el proceso podría derivar en nuevas acciones judiciales dentro de las instituciones colombianas.
