La Policía de Australia informó sobre la detención de un extrabajador de guarderías de 35 años en Sídney, quien enfrenta 329 cargos por presuntos delitos cometidos entre 2009 y 2025. La investigación señala que el sospechoso habría trabajado en decenas de centros de educación infantil y que, hasta el momento, se han identificado 136 presuntas víctimas.

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Las autoridades explicaron que la investigación comenzó en junio de 2025, después de recibir denuncias presentadas por familiares. Como parte de las diligencias, los agentes realizaron un registro en el que incautaron dispositivos electrónicos que contenían material considerado evidencia para el proceso judicial.

Según el comunicado oficial, la investigación se desarrolló durante 12 meses e incluyó el análisis de 2,4 millones de archivos electrónicos, la ejecución de 12 órdenes de registro y numerosas diligencias para establecer el alcance de los hechos investigados.

Investigación y cargos

De acuerdo con la información difundida por la Policía, el acusado trabajó o prestó servicios en 62 instalaciones de educación infantil a lo largo de 16 años. La investigación preliminar sostiene que los presuntos delitos se habrían cometido en cinco instalaciones, entre ellas cuatro centros de cuidado infantil y un negocio privado administrado por el sospechoso.

Las autoridades formularon 162 cargos relacionados con la producción de material de explotación infantil, además de otras acusaciones contempladas en la legislación australiana por presuntos delitos contra menores y por la distribución de este tipo de contenidos mediante medios digitales.

El hombre permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial y deberá comparecer ante la justicia en las próximas etapas del caso.

Alcance del caso

Hasta el momento, la Policía ha identificado 136 presuntas víctimas, de las cuales 121 aparecen en el material audiovisual incautado durante la investigación, según la información oficial.

Las autoridades señalaron que cada uno de los delitos imputados contempla penas de hasta 20 años de prisión, por lo que el acusado podría enfrentar una condena de larga duración en caso de ser declarado culpable.

El caso se enmarca en los esfuerzos del Gobierno de Australia para combatir la explotación infantil en internet. En los últimos meses, las autoridades han solicitado a empresas tecnológicas como Apple, Google, Meta y Microsoft reforzar las medidas de detección y prevención de este tipo de delitos, así como colaborar con las investigaciones de las fuerzas de seguridad.