Los reclamos por las expropiaciones realizadas para la construcción del puente sobre el estero Lodana continúan en esta parroquia del cantón Santa Ana. Propietarios de los predios intervenidos aseguran que, pese al avance de la obra y al derrocamiento de inmuebles, aún no han recibido los recursos que, según les informaron las autoridades, fueron destinados para compensar la ocupación de sus terrenos.

Los ciudadanos sostienen que han buscado respuestas ante el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), entidad que les habría indicado que los valores por las expropiaciones fueron consignados en un juzgado de la provincia, tras la inconformidad de los dueños de los predios en torno al monto fijado para la expropiación . Sin embargo, afirman que hasta el momento no han recibido notificaciones judiciales que les permitan conocer el estado de esos recursos o acceder a ellos.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la parroquia, el proceso involucra:

  • 11 propiedades expropiadas para la ejecución del proyecto.
  • Reclamos por diferencias entre los valores establecidos en peritajes iniciales y los montos posteriores.
  • Propietarios que aseguran no haber recibido notificaciones judiciales sobre los recursos consignados.
  • Inmuebles que fueron demolidos o parcialmente intervenidos para dar paso a la construcción de los puentes.

Cuestionamientos a expropiaciones

Lucrecia Cedeño, una de las propietarias afectadas, señaló que los moradores conocieron sobre la construcción de un nuevo puente el 23 de enero de 2025, cuando se adjudicó la obra. Según relató, la primera difusión del proyecto se realizó el 23 de febrero de ese año y posteriormente, en marzo, mantuvieron reuniones con funcionarios del MIT cuando, a su criterio, las decisiones sobre la obra ya estaban tomadas.

La ciudadana indicó que entre los bienes afectados se encontraba la vivienda de su madre, Aura Quijije, de 79 años. Según explicó, ella recibió una notificación para abandonar el inmueble. Falleció el 24 de mayo de este año.

Cedeño también cuestionó las diferencias en los avalúos utilizados para determinar las indemnizaciones. Señaló que inicialmente se les informó sobre un monto de 87.000 dólares, establecido mediante un primer peritaje. Posteriormente, indicó que otro perito modificó el monto y se les comunicó que el pago se realizaría con base en el avalúo municipal, fijado en 26.000 dólares, es decir, $61 mil de diferencia.

Pérdidas económicas 

Martha Vélez, propietaria de otro inmueble intervenido para la construcción del  puente, manifestó que la edificación demolida le permitía obtener ingresos mediante el alquiler de cuatro departamentos.

La afectada explicó que, tras la demolición, debió buscar una vivienda en arriendo y dejó de percibir los ingresos provenientes de esos espacios. Añadió que, según el primer peritaje, debía recibir 150.000 dólares, pero una segunda valoración redujo el monto a 60.000 dólares. Una diferencia de $90 mil dólares.

Por su parte, Mario Moreta afirmó que parte de su terreno fue ocupado para la ejecución de la obra. Según indicó, la intervención comprende una franja de aproximadamente siete metros de ancho por 185 metros de largo, donde existen árboles frutales que le generaban ingresos económicos.

Esperan respuestas oficiales

Moreta sostuvo que permitió inicialmente el ingreso del contratista para el desarrollo de los trabajos, pero posteriormente se ejecutaron intervenciones en su propiedad bajo el argumento de que los recursos correspondientes ya habían sido depositados en un juzgado.

El propietario aseguró que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación judicial relacionada con la compensación económica por la expropiación de su terreno. También señaló que las actividades productivas que realizaba en el área intervenida no habrían sido consideradas dentro de las valoraciones.

El Diario buscó una versión de la Subsecretaría del MIT sobre los reclamos de los propietarios, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, los dueños de los predios mantienen sus cuestionamientos y solicitan información sobre el estado de los procesos de expropiación y el acceso a las indemnizaciones.

Las expropiaciones para proyectos de infraestructura están contempladas en la legislación ecuatoriana cuando existe una declaratoria de utilidad pública. En esos casos, el procedimiento incluye la determinación de una compensación económica y mecanismos para su pago. (36)

Con información de Miguel Cedeño.