La realidad de la crisis en la vialidad de Manabí, los procesos de fiscalización y el panorama político-electoral marcan la agenda del país y de la provincia. Así lo manifestó el asambleísta de ADN, Mario Amado Zambrano, quien en entrevista con Manavisión Plus analizó las problemáticas del territorio, cuestionó la gestión de los gobiernos locales y detalló el avance de reformas clave desde la Asamblea Nacional.

- Usted destaca la reciente visita del presidente Daniel Noboa a Manta, pero hablemos de lo que falta ¿Qué informes tienen en su proceso de fiscalización en torno a las vías?

Es muy importante que la ciudadanía conozca los motivos por los cuales estas vías no se han podido arreglar con la celeridad que quisiéramos. En gobiernos anteriores se dejaron firmados y entregados contratos de mantenimiento, y se otorgaron recursos producto de estos contratos a ciertas empresas.

Como estaban vigentes, contenían cláusulas legales que ponían al Estado de brazos atados. Se ha venido luchando todos estos meses para poder destrabar esos candados legales, dar por terminados esos contratos y adjudicar nuevos procesos en condiciones favorables para la gente.

- El Ejecutivo tiene la facultad, ¿por qué no se tomó simplemente la decisión de rescindir e intervenir de inmediato ante la emergencia?

No es tan fácil, nos encontramos con una red vial amarrada. Contratos mañosos y mal planificados del pasado que dejaron candados legales y jurídicos que hoy nos frenan y nos impiden meter maquinaria de inmediato, porque ahí interviene Contraloría y te dice, a ver, ya se entregaron recursos para estos mantenimientos que no se han hecho, y ahora están destinando fondos para lo mismo; dos veces se estarían entregando recursos del Estado para el mismo objeto.

Si se llega a actuar así, las autoridades al frente de esa cartera de Estado podrían estar sujetas a prisión o a la destitución de sus cargos. Yo entiendo la frustración de la gente que en las calles dice simplemente ejecútese, pero hay que entender la parte legal y la responsabilidad de las funciones del Estado.

Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) han mencionado que se viene la concesión de los ejes Montecristi-La Cadena y Manta-Portoviejo. En el norte de la provincia, lo más pronto que tenemos noticia es la intervención integral de la vía Bahía de Caráquez-San Clemente y Leonidas Plaza-San Clemente. Vamos a seguir insistiendo porque el tramo de Rocafuerte, Tosagua, Chone y Flavio Alfaro amerita una intervención inmediata en sus puntos más críticos.

- Precisamente en tramos como El Junco, el cerro de Junín o la Pedernales-Cojimíes el daño es estructural. ¿No basta con un bacheo urgente mientras se resuelven los contratos?

Es que en esos puntos específicos hay fallas tectónicas o geológicas complejas. No se trata simplemente de ir y tirar el asfalto, sino de evaluar mediante estudios avanzados si se construye una variante, un puente o de qué manera se le da una solución integral; si no, seguiremos con el mismo problema de forma constante. Requieren un trabajo mucho más especializado y eso va tomando su tiempo. Por eso, en lo personal, yo considero pertinente que en Manabí las vías se puedan ir concesionando poco a poco.

Hace unos meses que la Asamblea sesionó en Machala, crucé en carro por Los Ríos, Guayas y El Oro. Allá las prefecturas tienen concesionadas la mayoría de las rutas; uno transita por vías buenas, alumbradas y con asistencia. Claro que hay un costo, pero la gente lo paga con gusto porque dicen: Si pago uno o dos dólares más, mi carro no sufre, no se dañan las llantas, gasto menos en repuestos y los tiempos de viaje se acortan.

Si en Santo Domingo, Pichincha o Imbabura existen concesiones, aquí es importante analizarlo. Seguramente causará un poco de malestar inicial y habrá que socializarlo, pero creo que puede ser una solución a largo plazo.

- Para ser justos, un salto patrimonial no es sinónimo automático de corrupción. ¿Cómo evitar que esto se convierta en una persecución política en la Asamblea?

Totalmente de acuerdo, no indica necesariamente que se estén realizando actividades ilícitas. Hay alcaldes que se dedicaban a actividades empresariales privadas antes de asumir estas funciones. Pero si hay autoridades, alcaldes, prefectos, concejales o los mismos asambleístas que no puedan justificar el incremento de sus patrimonios o ingresos, se debe actuar con firmeza.

Hoy la tecnología está avanzada y los sistemas del Estado están integrados. Si se demuestra el cometimiento de un delito, lo correcto es que pongan su cargo a disposición. Estar en la función pública no te da licencia para enriquecerte ilícitamente; con más razón debe caerles todo el peso de la ley por faltar doblemente a la confianza de la gente.

- ¿Y qué herramientas tiene la Asamblea para sancionar esto? ¿No es una competencia netamente de la Fiscalía y la Contraloría?

Lo que respecta a la Asamblea Nacional es determinar responsabilidades políticas. Si en el camino se encuentran indicios de delitos por parte de estos alcaldes, la Asamblea enviará los respectivos informes y exhortaciones a instituciones como la Contraloría para que realicen los exámenes especializados. Es lo que nos corresponde.

Por ejemplo, en la fiscalización que mocioné para la planta de agua de La Estancilla, estamos recibiendo comparecientes por denuncias ciudadanas. Si al analizar la información encontramos indicios claros, yo personalmente presentaré una denuncia ante la Fiscalía.

- A propósito de municipios, ya rige la aplicación progresiva de la reforma técnica de asignación de recursos bajo el ratio 70-30. ¿Se está cumpliendo este control por parte del Gobierno?

Sí, vamos progresivamente. En este primer año la relación es de 35-65; es decir, 35% para gasto corriente y 65% para inversión. En diciembre de este año se realizará el primer análisis definitivo y los municipios tendrán que justificarlo técnicamente. La ley se flexibilizó acogiendo sugerencias, como las del prefecto de Manabí, para que los estudios técnicos previos cuenten como inversión y no como gasto. También los programas médicos municipales ingresan como inversión.

- ¿Dónde se traza la línea roja para que los alcaldes no malgasten los fondos públicos?

La ley no dará cabida a que se gasten medio millón de dólares en un concierto cuando, en este momento, ningún GAD había enviado, por ejemplo, un plan de acción de contingencia ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. Se requiere la limpieza de alcantarillas y el desazolve de ríos. Este es un llamado de atención que he realizado públicamente desde la Mesa de Seguridad.

Muchas competencias de prevención recaen sobre los municipios y los alcaldes lideran los COE cantonales. Si los alcaldes no envían los planes de contingencia ni invierten en prevención de riesgos, lamentablemente hay que señalarlo. Cuando llegan las lluvias fuertes y las catástrofes, muchos son los primeros en lavarse las manos y decir que es culpa del Gobierno o del presidente Daniel Noboa, a pesar de que se les entregaron todas las alertas a tiempo.

-La reforma al COIP con más de 80 propuestas. ¿Para cuándo se prevé el debate definitivo en el Pleno y qué se incluye para Manabí?

Es una reforma integral y compleja, hemos dialogado con la mesa legislativa porque presenté un proyecto de ley para endurecer las sanciones y combatir con firmeza el delito de abigeato o robo de ganado, ya que nuestros hermanos ganaderos en Manabí se sentían desprotegidos. Como somos la provincia más ganadera del país, construimos esta iniciativa que ya fue integrada al informe.

La presidenta de la comisión, Rosa Torres, comentaba que en un lapso aproximado de tres a cuatro semanas tendríamos el segundo debate. Esperamos que existan los votos, aunque a veces vemos que agrupaciones como la Revolución Ciudadana sostienen un discurso de apoyo, pero en las votaciones se oponen casi absolutamente a todo. Aquí se trata de dotar de mayor protección a la ciudadanía, no de banderas políticas.

- Usted presentó un proyecto para combatir los delitos en el mar, pero este no alcanzó a entrar en la mega reforma. ¿Por qué hubo resistencia en la Comisión de Justicia para tipificar la piratería?

En el año 2014 se eliminaron del COIP muchas tipificaciones sobre delitos marítimos. Cuando expusimos la propuesta, legisladores de otras bancadas argumentaban que no era necesario y que esos hechos debían denunciarse como robos normales. Ahí falta visión integral. El hecho de que no existan delitos tipificados en el ámbito marítimo provoca, por ejemplo, que nuestros pescadores tengan menos acceso al crédito.

Al no haber tipos penales claros, las aseguradoras no disponen de datos estadísticos para medir los riesgos en alta mar. Al carecer de esa información, fijan primas de seguros excesivamente altas e inaccesibles. Y como el seguro es un requisito general para acceder a un financiamiento, los pescadores se quedan sin crédito. Es una cadena de afectaciones provocada por una deficiencia en la ley.

- El incendio en el puerto de Manta, evidenció que la mayoría de embarcaciones no tenía seguros por sus altos costos. Ante estas realidades ¿veremos finalmente unidad en la bancada de asambleístas manabitas?

 Esperemos que sí; es lo que el pueblo exige. De mi parte, a pesar de las profundas diferencias políticas, Manabí siempre estará primero. Yo siempre tiendo mi mano y espero que ellos se sumen. Asimismo, comunico que nos encontramos estructurando un proyecto de Ley de Recursos Hídricos junto al Colegio de Ingenieros. Somos una provincia que en invierno tiene el agua al pecho y en verano se muere de sed; algo falla en el manejo.

Las competencias de riego recaen sobre las prefecturas y considero, de forma pública, que existe una deuda histórica por parte de la Prefectura de Manabí para ejecutar estos proyectos. Hace pocos meses enfrentamos una sequía severa en Tosagua y muchísimas familias perdieron sus cultivos de maíz. Ante esto, el presidente junto al ministro de Agricultura anunciaron la entrega de un subsidio e incentivo justo que ya se está distribuyendo.

- Hablemos de otra iniciativa de su autoría: la Ley Integral Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer en entornos digitales. ¿Qué delitos específicos busca sancionar?

Presentamos este proyecto la semana pasada y espera la calificación del CAL. Actualmente, debido al avance tecnológico, muchos delitos se cometen en el entorno virtual. Con la inteligencia artificial, hoy es muy sencillo tomar el rostro, la voz o la figura de una mujer o adolescente sin su consentimiento para generar contenido explícito.

También abordamos conductas como el doxing, que consiste en la divulgación de datos sensibles y personales (como la dirección de la casa) en redes sociales para promover ataques físicos o linchamientos mediáticos, poniendo en riesgo la vida de una persona. Estábamos quedándonos rezagados en legislación sobre delitos tecnológicos y este proyecto busca dar la debida protección legal.

-El escenario electoral de las seccionales. En los pasillos políticos se habla de su posible candidatura a la Prefectura de Manabí o a la Alcaldía de Chone. ¿Cuál es su real intención en este proceso?

Como proyecto político, debemos encarar las seccionales con mucha fuerza porque si no se cuenta con gobiernos locales alineados a la visión de desarrollo del Gobierno central, las obras no avanzan. Para mí sería un honor seguir sirviendo a la provincia; me entusiasma la labor que desempeño en la Asamblea y percibo el respaldo de la ciudadanía en territorio. No obstante, en Chone hemos recibido una aceptación muy importante respecto a las opciones locales.

En cuanto a la Prefectura de Manabí, considero que para aspirar a dicha dignidad se requiere un trabajo de años y recorrer una provincia que es de las más extensas; no me encierro en una burbuja, es un proceso que toma tiempo. En el caso de la Alcaldía de Chone, que es mi casa, consolidamos un trabajo fuerte y la ciudadanía aspira a que presentemos una propuesta local.

No me cierro a esa posibilidad; existen excelentes cuadros en Chone y, si optamos por la postulación local, contamos con asambleístas alternos capacitados para dar continuidad a la línea en el Legislativo. Estamos en deliberaciones con el buró nacional para adoptar una decisión muy meditada y responsable, sin debilitar el bloque en la Asamblea. En los próximos días anunciaremos las designaciones oficiales.

- Estamos a una semana de que venza el plazo para las elecciones primarias. ¿Qué fechas se manejan para el movimiento ADN en la provincia?

 Es una planificación coordinada con el CNE, pero los plazos que nos han informado apuntan a que las primarias internas en Manabí se efectuarán tentativamente entre el 29 de junio y el 1 de julio. Seguramente hoy se consolidará la fecha definitiva dentro de ese rango.