La Fiscalía General del Estado lidera una exhaustiva indagación contra una red de corrupción que extendió sus tentáculos ilícitos por nueve cantones manabitas dentro del Caso Digitador. Esta organización criminal empleaba métodos sofisticados para burlar los sistemas de control administrativo, aprovechando la interconectividad digital entre las diferentes agencias de tránsito locales para concretar sus maniobras.
Aunque los registros judiciales destacan a Jipijapa y Bolívar (Calceta) como los centros neurálgicos, la estructura también realizaba gestiones irregulares en Rocafuerte, Flavio Alfaro, Portoviejo, Junín, Puerto López, Chone, Montecristi, San Vicente y Manta.
Actualmente, la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, permanece detenida y bajo investigación por su supuesta implicación en estas actividades delictivas que vulneraron la seguridad institucional.
Implicaciones del Caso Digitador en Manabí
Durante la audiencia de formulación de cargos, las autoridades expusieron que la red mantenía una posible conexión con el grupo criminal Los Choneros. Esta premisa constituye una hipótesis relevante en el Caso Digitador, aunque la Fiscalía aclaró que dicha vinculación requiere ser sustentada rigurosamente con pruebas adicionales durante las siguientes etapas del proceso penal en curso.
El expediente judicial sostiene que los implicados manipulaban el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito para iniciar trámites en una jurisdicción y finalizarlos en otra. Esta modalidad operativa les permitía contar con la complicidad de funcionarios y digitadores cooptados, quienes desde diversas oficinas locales alteraban los procesos de matriculación, revisiones técnicas vehiculares y la emisión de licencias.
Estrategias y lenguaje del Caso Digitador
Las investigaciones comenzaron formalmente tras una denuncia ciudadana realizada el 17 de julio de 2025 al 1-800-DELITO. Aquel reporte inicial alertó sobre la existencia de un grupo que, presuntamente ligado a Los Choneros, corrompía la gestión de documentos oficiales dentro de las agencias de tránsito ubicadas en el territorio manabita.
La organización, en el marco del Caso Digitador, utilizaba terminología cifrada para pasar inadvertida durante sus actos ilícitos. Vocablos como "pollitos", "gallos" y "granjas" permitían identificar de forma encubierta los trámites, las gestiones completadas y las agencias comprometidas, mientras los implicados eliminaban evidencias digitales ante la sospecha de auditorías o seguimientos judiciales.
Alcance de la estructura investigada
El esquema del Caso Digitador se consolidaba mediante la captación de usuarios dispuestos a obtener licencias y matrículas omitiendo los requisitos legales vigentes. Posteriormente, funcionarios y tramitadores externos procesaban estos documentos desde puntos remotos, utilizando sus credenciales institucionales para modificar los registros del sistema central de manera fraudulenta y sin controles.
La Fiscalía continúa con la instrucción fiscal contra los procesados por el delito de delincuencia organizada, buscando desarticular totalmente la red y esclarecer el nivel de participación individual. Este esfuerzo busca determinar las responsabilidades específicas de cada integrante en la manipulación sistemática de procesos administrativos que comprometieron la seguridad vial en diversos puntos estratégicos de Manabí.
