Existe un alto porcentaje de personas involucradas en actividades ilícitas, recalcó el experto en seguridad Byron Sanmiguel en una entrevista en Manavisión Plus, además  el especialista detalló los factores estructurales del problema, la necesidad de realizar un trabajo coordinado de todas las funciones del Estado y los retos urgentes en materia de inteligencia, justicia y sistema penitenciario.

- ¿Por qué cree que en Manabí ha fracasado esta herramienta de los estados de excepción?

Aunque el Estado ha incrementado la presencia de Fuerzas Armadas y Policía mediante estados de excepción y operaciones conjuntas, los resultados han sido limitados debido a la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales. 

Manabí es una provincia a la que los ecuatorianos queremos mucho, pero ahí tiene el puerto principal de exportaciones e importaciones, los puertos pesqueros, un inmenso litoral y está tomado por el narcotráfico. Hay muchas personas metidas en negocios oscuros. 

- ¿Qué cree que debería hacer el Estado?

El Estado no solo tiene que ir con Fuerzas Armadas y Policía; tiene que ir de forma íntegra con deportes, educación, cultura, ayuda social, agua potable, municipios, internet y luz eléctrica. 

El Estado tiene que ir con todo para cambiar el tejido social, la seguridad no solo se combate con la fuerza. Los muchachos de hoy ya no quieren ir a las escuelas, quieren ser futbolistas o sicarios porque les pagan más de 3.000 dólares; es un problema complejo. 

Además, esta es una guerra irregular donde no se ve al enemigo; las Fuerzas Armadas y la Policía tienen que buscarlo con inteligencia e información. Es una guerra larga y por eso poco a poco hay que ir mejorando los índices de inseguridad.

- A escala nacional, ¿cómo se mide si un plan de seguridad está dando resultados? 

Estaba analizando el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 aprobado por el COSEPE, donde están las principales autoridades de las funciones del Estado: el presidente de la Asamblea, el de la Corte, el presidente de la República, ministros, el jefe del Comando Conjunto, entre otros. 

Al revisar el plan, se observa una carencia de indicadores con los cuales se pueda evaluar. Todo plan de seguridad es continuo y cíclico, pero lo importante es tener índices. Un índice importantísimo son las muertes violentas; otro son los reportes policiales en cantones y parroquias sobre criminalidad y convivencia social. 

También deben entrar instituciones como la UAFE para detectar las finanzas de estos grupos narco-delincuenciales, estrangularlas y solucionar los problemas que radican en el narcotráfico y el terrorismo.

- El gobierno muestra constantemente operativos exitosos. ¿Por qué eso no se traduce en una percepción de seguridad en la ciudadanía?

Hay un trabajo excelente de la Fuerza Armada y la Policía. Todos los días se captura droga y se neutraliza a líderes de bandas, pero estos están mutando. 

Debido a la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales, al golpear sus finanzas como indicaba el ministro Gian Carlo Loffredo, con la incautación de cerca de 1.200 millones de dólares en bienes o droga, estas bandas, al ya no alimentarse únicamente del narcotráfico, mutan a otros delitos como la vacuna, la extorsión y el secuestro. 

Por ahí también deben ir las estrategias policiales y militares. En el Plan Nacional de Seguridad Integral aprobado por el COSEPE, todos tenemos la obligación de colaborar. Ya no cabe que un alcalde diga que no es su competencia. 

Solo está peleando el Ejecutivo, la Fuerza Armada y la Policía. Los demás poderes del Estado, empresarios y la ciudadanía debemos unirnos frente al gobierno, porque el éxito del gobierno en seguridad es el éxito del país.

- La violencia en provincias como Manabí, Guayas o El Oro, ¿se atribuye a disputas territoriales, retaliaciones internas o a la falta de inteligencia estatal?

El Centro Nacional de Inteligencia está mejor dotado, tiene mejores estrategias, presupuesto e intercambio de información con Estados Unidos, Europol e Israel, pero existe un alto porcentaje de personas dentro de actividades ilícitas.

Muchas muertes violentas suceden por causas de convivencia, problemas personales o riñas bajo efectos del alcohol donde sale a flote el machismo. Hay que impartir cierta educación a la población y a las familias desde pequeños, instruir en ética, moral y buenas costumbres. 

La juventud quiere tener casa y carro de alta gama a los 20 años; todo eso influye en la seguridad. Por eso el combate debe ser integral para cambiar a la sociedad, y eso va a demorar mucho tiempo porque nos hemos visto inmersos en problemas de corrupción y pérdida de valores.

- ¿Qué recomendaciones haría para reformar el sistema de justicia y penitenciario, de modo que complementen el trabajo de las fuerzas del orden?

Desgraciadamente, la justicia es la pata coja en la seguridad. Militares y policías arriesgan su vida para capturar delincuentes que al otro día están en las calles amenazándolos a ellos y a sus familias. 

En la justicia hay que dar un giro de 180 grados; ese es el cáncer que tenemos: jueces corruptos u otros amenazados por el narcotráfico y el terrorismo. Debe existir una lucha integral donde cambien el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para sacar adelante al país.

- ¿Cree que existe una voluntad política verdadera para profundizar las reformas legales y penitenciarias que se necesitan?

Como oficial de Marina retirado, no pertenezco a ningún partido político; me debo a mi país y hablo como analista. Veo que el presidente Daniel Noboa tiene buenas intenciones y está peleando de frente contra el narcoterrorismo, buscando alianzas internacionales en el Escudo de las Américas. 

Hay voluntad política en el Ejecutivo y en ministros como John Reinoso y Gian Carlo Loffredo. Sin embargo, en la Asamblea hay una mayoría móvil y sectores de oposición que no comparten el mismo pensamiento de combatir con dureza al narcotráfico. 

Se han vetado o frenado leyes importantes. Si no nos ponemos de acuerdo contra el enemigo común, esta guerra no se va a acabar pronto. Se requiere la suma de todos los poderes del Estado; de lo contrario, pasaremos décadas como ha ocurrido en otros países de la región.

- Si usted fuera asesor de seguridad del Ejecutivo, ¿qué acciones urgentes recomendaría aplicar en Manabí?

Lo que se está haciendo al conformar una Fuerza de Tarea Conjunta, liderada por un profesional como el almirante Carlos López, es adecuado para realizar operaciones con la Policía. 

Debe haber mano dura contra los grupos narcotraficantes, respetando los derechos humanos como lo establece el Decreto 111 de conflicto armado interno. 

Además, hay que articular a todas las instituciones como la UAFE, el SRI y el apoyo del FBI para investigar los entornos económicos ilícitos y encarcelar a los responsables. Si somos blandos y no hay voluntad política, los índices no van a bajar.

- ¿Cuál es su calificación sobre el desempeño del sistema de seguridad desde que se declaró el conflicto armado interno?

Las Fuerzas Armadas están trabajando 24/7, al igual que la Policía, a pesar de contar con pocos efectivos. 

Las Fuerzas Armadas están interviniendo en todo: en el SNAI, Petroecuador, puertos, cárceles y emergencias, con cerca de 40.000 efectivos, de los cuales 10.000 han estado custodiando cárceles. 

Considero que están trabajando de forma correcta y profesional, cumpliendo su juramento de defender a la patria. Hay voluntad política en el gobierno, pero la ciudadanía y las instituciones deben respaldar este esfuerzo.

- Respecto al SNAI, ¿debería reformarse o eliminarse para dar paso a un nuevo ente administrador del sistema penitenciario?

Actualmente se está reclutando e incorporando a militares y policías en servicio pasivo, quienes tienen la preparación, el entrenamiento y la formación ética para custodiar los centros de privación de libertad.

 Asimismo, la infraestructura ha avanzado, como en la cárcel del Encuentro, donde la tecnología reduce el contacto directo con los internos. 

Con la selección de personal capacitado y nuevas instalaciones, el control penitenciario va a mejorar sustancialmente y se reducirán los niveles de corrupción del pasado.