El prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con la suspensión de sus derechos políticos durante seis meses, luego de ser declarado responsable de una infracción electoral muy grave por violencia política de género.
La resolución, también establece una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados y otras medidas de reparación dentro del proceso impulsado por una denuncia presentada por la viceprefecta Mónica Loza.
El fallo del Tribunal
La decisión fue emitida después de que el Tribunal analizara las pruebas incorporadas al expediente y los argumentos expuestos durante la audiencia de juzgamiento, realizada el 3 de julio.
Esa diligencia se prolongó por más de diez horas antes de que el juez electoral adoptara una resolución sobre el caso.
Tras revisar la documentación y los elementos presentados por ambas partes, el TCE concluyó que existían fundamentos suficientes para determinar la existencia de violencia política de género.
Denuncia y medidas
El proceso se originó a partir de una denuncia interpuesta por la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza, quien señaló haber sido víctima de violencia política de género. Como parte de la sentencia, el Tribunal también ordenó medidas de reparación, entre ellas la emisión de disculpas públicas a favor de la denunciante.
En la resolución, el organismo electoral determinó que las sanciones buscan garantizar el respeto a los derechos de participación política de las mujeres y prevenir este tipo de conductas dentro del ejercicio de funciones públicas.
Posibles efectos
La suspensión de los derechos políticos tendrá vigencia durante seis meses desde que la sentencia quede en firme. Esta medida afectaría una eventual participación electoral de Tayupanda en el próximo proceso de elecciones seccionales, de acuerdo con los plazos y las disposiciones establecidas en la normativa vigente.
La figura de violencia política de género fue incorporada en la legislación ecuatoriana para sancionar acciones que limiten o afecten la participación política de las mujeres. En los últimos años, el Tribunal Contencioso Electoral ha emitido varias resoluciones aplicando este tipo de sanciones cuando determina la existencia de esta infracción.
