Agentes de la Policía Nacional ejecutaron la mañana del 12 de junio de 2026 una orden de incautación sobre una vivienda vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el marco del caso Goleada, investigación por un presunto delito de lavado de activos. La diligencia se realizó en Isla Mocolí, provincia del Guayas, por disposición judicial emitida un día antes.

La intervención se desarrolló en el departamento 401 del edificio Aqua 1, ubicado en la urbanización Blue Bay. La medida consta en un oficio emitido por el juez Jairo García el 11 de junio de 2026 y dirigido a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

Según la disposición judicial, la entidad estatal debía ejecutar la incautación del inmueble como parte de las actuaciones vinculadas al proceso penal que investiga el presunto lavado de activos dentro del caso Goleada.

Reacciones desde la Revolución Ciudadana

La diligencia generó reacciones inmediatas desde la bancada de la Revolución Ciudadana. La asambleísta Viviana Veloz cuestionó la rapidez con la que se cumplió la orden judicial.

La legisladora calificó la actuación de las autoridades como un acto de "crueldad" y sostuvo que la medida afecta a la familia del alcalde de Guayaquil. Además, mencionó a la esposa de Alvarez, Fiorella Icaza, a sus tres hijos menores de edad y a un adulto mayor con discapacidad que reside en la vivienda.

"¡Este gobierno solo tiene crueldad y maldad en el corazón! Son despiadados. Les falta humanidad", escribió Veloz en sus redes sociales. Luego agregó: "Primero dejaron a una familia sin padre; ahora pretenden dejarla sin hogar. Detrás de esta decisión hay una madre y niños pequeños que hoy enfrentan un dolor que jamás debieron vivir". La asambleísta también expresó públicamente su respaldo a la familia del alcalde. "Toda mi solidaridad con Fiorella y sus hijos", manifestó.

Cuestionamientos sobre otros procesos

Durante sus declaraciones, Veloz comparó la actuación de las autoridades en este caso con otros procesos de presunta corrupción que han sido objeto de debate público. "¿Por qué esa misma rapidez y contundencia no se aplica para incautar los bienes de los implicados en el caso Progen? La justicia no puede actuar con doble rasero", afirmó la legisladora.

Las declaraciones se producen mientras el caso Goleada continúa en etapa de investigación. La incautación de bienes forma parte de las medidas judiciales adoptadas dentro del proceso relacionado con el presunto lavado de activos. La medida sobre la vivienda ocurre un día después de otra decisión judicial relacionada con Aquiles Alvarez. Una jueza negó el pedido presentado por el alcalde para pagar una caución con el fin de revocar la prisión preventiva que pesa en su contra.

Pronunciamiento de la defensa

Tras conocerse esa resolución, uno de los abogados del alcalde, David Norero, cuestionó la decisión de la jueza respecto a la solicitud de caución. "La jueza reconoce que la ley no prohíbe la caución, pero la niega porque considera que no garantiza la comparecencia del procesado. Entonces deroguen también los grilletes electrónicos, la presentación periódica, la prohibición de salida del país", manifestó el jurista.

El caso Goleada, la investigación por lavado de activos, la situación judicial de Aquiles Alvarez y la reciente incautación de bienes continúan generando reacciones políticas y legales. Mientras tanto, las autoridades mantienen las diligencias previstas dentro del proceso judicial.