El pasado miércoles 24 de junio de 2026, el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, entregó un documento de 43 páginas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito, Ecuador, para frenar el proceso de revocatoria de mandato contra Daniel Noboa.
El Ejecutivo busca que el organismo electoral niegue la entrega de formularios para la recolección de firmas, un proceso impulsado por organizaciones políticas y sociales contra el presidente Daniel Noboa, bajo el liderazgo del dirigente indígena Leonidas Iza y el abogado Washington Andrade.
La defensa del Ejecutivo argumenta que la solicitud carece de determinación clara y precisa sobre los motivos que justifiquen la destitución del mandatario Noboa.
Desmontando el supuesto incumplimiento del plan de gobierno
El pedido de revocatoria de mandato se fundamenta en dos acusaciones principales: el supuesto incumplimiento del plan de gobierno y la omisión de funciones constitucionales.
La contestación oficial del Ejecutivo desvirtúa ambos puntos señalando que los solicitantes utilizaron indicadores agregados y referencias documentales heterogéneas que ni siquiera corresponden al periodo presidencial de Daniel Noboa (2025-2029).
En el ámbito energético, el Gobierno evidenció una contradicción interna en la demanda. Los solicitantes critican la gestión de la crisis eléctrica, pero el mismo texto judicial reconoce que mediante el Decreto Ejecutivo n.º 355 se dispuso la asignación de recursos y la coordinación del Ministerio de Energía para mitigar el estiaje.
La defensa emite que no se puede alegar inacción estatal cuando los propios demandantes admiten la existencia de decretos y presupuestos ejecutados.
Competencias de fiscalización y descargos oficiales
Respecto al supuesto incumplimiento de funciones por no tramitar una denuncia ciudadana de corrupción, el Ejecutivo aclaró que la fiscalización política no es competencia de la Presidencia de la República, sino de los órganos constitucionales correspondientes.
Para respaldar esta contestación, el Gobierno coordinó la recopilación de informes de 23 instituciones públicas incluidos ministerios y el IESS—, compilando 22 cajas con más de 14.500 folios de pruebas oficiales que demuestran la ejecución presupuestaria y el cumplimiento legal de las funciones del mandatario.
