Alrededor de 25 ataques han sufrido administradores de justicia en los últimos cinco años; entre jueces y fiscales manifestó el Ab. Paúl Ocaña,  quien es también Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha quien expresó su preocupación por la falta de garantías en el sector, en una entrevista con Manavisión Plus, además analizó el "populismo penal" dentro del proyecto de Ley Antimafia y detalló las razones por las cuales el país no tendrá un nuevo Fiscal General en 2026. 

- ¿Cómo toma el Colegio de Abogados de Pichincha esta ola de violencia que se está generando hacia el sector de los trabajadores de justicia del país?

Estamos preocupados por la delincuencia que opera no solo en nuestro país, sino en el sistema judicial a través de los administradores de justicia. De hecho, tuvimos una reunión con la doctora Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura; y dentro de las conversaciones pedimos que a través del Consejo de la Judicatura se solicite al gobierno central la protección a quienes administran justicia.

Hemos visto absortos que dentro de los últimos cinco años, al parecer, hay 25 ataques que han sufrido los diversos administradores de justicia, sean estos jueces o sean fiscales, y preocupa  porque  es una forma de intervención que puede detener la justicia y que va violentando incluso la independencia judicial. Por eso es nuestro llamado al gobierno para que dé la protección que requiere el sistema judicial.

- En ese marco, ¿ha habido respuestas, dentro del llamado que ustedes realizan tanto como federación?

Sí, la doctora Mercedes Caicedo quedó en pasar las observaciones realizadas al gobierno central, hay que reconocer que cuando hubo el lamentable asesinato de la jueza allá en la provincia de El Oro, en el cantón Machala, al siguiente día, de una forma valiente, la doctora Caicedo ya presentó una denuncia para la investigación, que es lo que corresponde. En ese sentido también nos ha dado muestras de lucha contra la corrupción.

En un editorial de uno de los colegas abogados  de la ciudad de Quito, en el cual indicó que existen actos de corrupción dentro del Consejo de la Judicatura, sobre todo en el tema sancionatorio, y que se cobraba alrededor de 20 mil o 30 mil dólares. La doctora Caicedo inmediatamente puso la denuncia en la Fiscalía para que se investigue esto, e ir en contra de los actos de corrupción.

- ¿Ustedes como FNADE han planteado alguna evaluación específica para los jueces?

Un pedido de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (FNADE) ha sido que se haga la evaluación a los jueces. El Consejo de la Judicatura tiene la normativa para realizar esta evaluación cada dos años; pedimos que se haga en conjunto con la Contraloría General del Estado, y también debería estar la UAFE y el SRI, para hacer esta evaluación de los jueces en el tema patrimonial.

Porque es incomprensible que jueces que ganan alrededor de 5 mil dólares mensuales es decir, en el año 60 mil, lo que quiere decir que cada dos años que se hace la evaluación deberían tener 120 mil aproximadamente, y eso tomando en cuenta que no gasten nada en nada, sino que solo sea de ahorros, pero nosotros miramos que tienen 2 millones o 3 millones de dólares en sus cuentas o en su patrimonio. 

- Se discute en la Asamblea la Ley Antimafias. ¿qué objeciones podrían tener o estarían de acuerdo con lo que presenta el Ejecutivo?

Existen algunas normativas en las cuales hace referencia a estas reformas, algunas no tienen razón de ser, se intentará incrementar penas o sanciones mayores a delitos que ya están en nuestra normativa penal, y esto es nada más un populismo. 

No existe un estudio criminológico donde se determine que, en efecto, elevar las penas disminuye la delincuencia, de hecho, hemos visto, y no solo acá en nuestro país, sino en otros países de Latinoamérica.

Por otro lado, se intenta reformar la Ley de Extinción de Dominio, que hace referencia a los bienes que sean incautados en delitos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico, lo cual considero que sería correcto, siempre y cuando no se vulnere el debido proceso y, peor aún, el principio de inocencia. 

- ¿Qué se quiere decir con vulnerar el principio de inocencia? 

Está bien que se tomen los bienes, pero mientras no se tenga una sentencia ejecutoriada, no podrían tomar ya relación sobre los bienes o tomar decisiones sobre dichos inmuebles, teniendo en cuenta que podría tener inocencia aún incluso en un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia.

Otra de las normativas que quieren reformar es que los abogados que estén inmersos en estos delitos deban ser sancionados. A nuestro criterio tenemos una nota parcial allí, sí debería haber sanciones a los abogados que estén inmersos en delitos como cohecho y concusión; es decir, estos que hacen relación a delitos de administración de justicia y a actos de corrupción. 

No solo se debería quitar la licencia profesional por el tiempo de la sanción de la pena, sino de por vida, tomando en cuenta que si ya están inmersos en actos de corrupción y tienen sentencias ejecutoriadas en este sentido, ya no deberían tener esta potestad para ejercer el derecho.

- ¿Habría la oportunidad de insertar, con base a la experiencia de ustedes, ayuda para mejorar la ley, o qué se tendría que hacer ya desde lo político en la Asamblea Nacional?

Siempre hemos puesto a disposición de la Asamblea que nos tomen en cuenta para emitir nuestros criterios, en algunos casos ni siquiera nos llamaron, en otros sí, pero lamentablemente no han escuchado nuestras ideas o sugerencias.  A pesar de ello, hemos insistido, de hecho, de manera informal, en un evento que hubo en la Embajada Italiana, pude conversar con la presidenta Viviana Mancino, presidenta de la Asamblea, ante quien puse a disposición nuestro criterio para podernos reunir. 

Eso quiere decir que nos quedaría la posibilidad de hablar con el abogado Esteban Torres, a pesar de un comentario inoficioso y desvenido que hizo, referente a que tener licencia profesional de abogado es como casi casi tener licencia para matar, lo cual considero que fue una declaración irresponsable. 

Pero hemos conversado y  vamos a poder participar en conjunto, porque la idea de todos nosotros, los abogados, es luchar contra los actos de corrupción, por tener un mejor país, que ya no exista tanta delincuencia organizada; pero no por ello tampoco se puede desmedir e ir en contra de normas que afecten la Constitución o las garantías constitucionales. 

- En otro tema, ¿Vamos a tener fiscal este año o seguiremos en la larga espera?

Recibo la promoción cívica del concurso para Fiscal General del Estado, es decir, una organización aparte al proceso de participación ciudadana, pero en la que, al estar dentro de esta comisión, participan tanto la academia, siete universidades, y organizaciones sociales. Nosotros vamos llevando a cabo un símil del concurso y hemos dado a conocer ciertas irregularidades que podría tener.

Dentro de este año 2026 no vamos a tener Fiscal General del Estado, posiblemente tendremos para el primer trimestre del 2027, la semana pasada ni siquiera calificaron o dieron paso al informe de méritos que ya tenía este concurso. 

Porque existen algunas notas que no se tiene sentido de por qué han sido incrementadas, y en otras, por qué al tener las mismas condiciones no han sido evaluadas de igual forma, al final de esta semana probablemente se reúna nuevamente el pleno del Consejo de Participación Ciudadana  a ver si da paso o no a la calificación de méritos. Con ello iríamos a impugnación, una fase que podría durar más o menos 50 días aproximadamente y, en el mejor de los casos, si es que allí terminara, pasaríamos a oposición.

¿Qué pasa si en la etapa de impugnación se presentan acciones constitucionales porque no están de acuerdo con las resoluciones que puedan tomar? 

Eso va a alargar, lo mismo en el caso de oposición, para conocimiento de la ciudadanía, va a estar calificado o se va a poder calificar hasta 50 puntos, 30 de ellos con una prueba escrita y 20 con una prueba oral. 

Pero para ello necesitamos también el aporte de la academia, que ya ha negado y no ha querido presentar docentes para que estén dentro de este marco para el constructo del pliego de preguntas, así como también para la prueba oral. Eso va a ir retrasando o dilatando el proceso. Por eso considero que en este año no vamos a tener todavía fiscal.

En cuanto a los perfiles corresponde, sin dar nombres obviamente, estimado abogado, ¿se podría dar la oportunidad de tener un buen fiscal?

Si, dentro del listado que queda para este concurso hay nombres muy interesantes; que conocen el derecho penal, el proceso penal, litigación oral, y que han estado incluso dentro del sistema judicial relacionado con esa materia. 

Entonces, sí podríamos tener un fiscal que luche contra los delitos que nos aquejan a nuestro país, llámese narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, las extorsiones, secuestros extorsivos, asesinatos. Hay nombres que podrían figurar dentro de la posibilidad de que lleguen al cargo y que esta lucha sea constante para un mejor Ecuador.