El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, informó el incremento sustancial en el hallazgo de irregularidades financieras y presuntos enriquecimientos ilícitos en el país, reflejado en la emisión de entre 20 y 40 indicios de responsabilidad penal mensuales.
Este repunte procesal, según Torres deriva de la aplicación obligatoria de herramientas tecnológicas avanzadas, modelos matemáticos y bases de datos cruzadas, diseñados para auditar con rigor técnico el patrimonio real de los servidores públicos y contrarrestar esquemas de corrupción vinculados a la contratación pública nacional.
La actual administración de la Contraloría, iniciada el 28 de noviembre de 2023, registra un balance de 3.592 informes de auditoría aprobados. De este total acumulado, 2.808 corresponden a informes generales, mientras que 591 expedientes contienen indicios de responsabilidad penal (IRP) que han sido trasladados a la Fiscalía General del Estado para la apertura de las respectivas investigaciones judiciales. Los análisis sectoriales evidencian que los desajustes se concentran de forma crítica en los gobiernos autónomos descentralizados (GADS), la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura.
Cohecho en contratación y amenazas a auditores
El Contralor hizo especial énfasis en que las metodologías previas de evaluación patrimonial eran insuficientes debido a sus distorsiones porcentuales. En su lugar, Torres defendió el uso prioritario de valores numéricos absolutos, argumentando que "no deberíamos juzgar las declaraciones patrimoniales de acuerdo a un porcentaje... sino a través de montos, a través de cantidades".
Según el funcionario, el incremento patrimonial injustificado está estrechamente ligado a la corrupción privada y a favoritismos contractuales que desvían recursos públicos hacia las cuentas personales de los auditados.
"Para que exista corrupción en el sector público también lastimosamente hay corrupción en el sector privado... al favorecer este tipo de contratación pueden conseguir un valor adicional que se les entrega al servidor público y eso es lo que no pueden justificar".
Mauricio Torres, Contralor General del Estado.
Asimismo, Torres expuso las marcadas discrepancias de control entre regiones geográficas. El funcionario indicó que en la Costa se concentra el mayor índice de procesados penales de gobiernos autónomos (GADS) debido a que "no existe un verdadero control interno".
Mientras que con la Sierra, donde existe una mayor densidad institucional y rigor interno, Torres denunció que auditores en el Guayas recibieron amenazas graves de bandas delictivas durante el desarrollo de su labor técnica. Esta preocupante situación de riesgo obligó a la matriz a asumir y centralizar directamente dichas investigaciones.
Declaración juramentada y auditorías al CNE
Para mitigar estas asimetrías de control, el Contralor recordó que toda la nómina pública está convocada a efectuar la actualización obligatoria de su declaración juramentada de patrimonio entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Torres precisó que la entidad cruzará esta información bienal mediante tecnologías avanzadas para perfilar riesgos de forma ágil ante las próximas elecciones de carácter seccional.
"Este sistema, este modelo que tenemos nos va a arrojar cuáles son las diferencias y nos da el riesgo".
Mauricio Torres, Contralor General del Estado.
Métricas de Control y Gestión Patrimonial
| Área de Fiscalización / Gestión | Volumen y Cifras Clave | Estado del Trámite Institucional |
|---|---|---|
| Informes de Auditoría Aprobados (Total) | 3.592 informes | Gestión de Mauricio Torres desde el 28 de noviembre |
| Informes Generales Tramitados | 2.808 informes | Vía administrativa e interna regular |
| Expedientes con Indicios Penales (IRP) | 591 informes | Enviados formalmente a la Fiscalía General |
| Régimen de Indicios Penales Mensuales | 20 a 40 indicios/mes | Tendencia resultante del cruce de datos técnico |
| Exámenes Concluidos en GADS (2024) | 58 exámenes | 32 de ellos resultaron con indicios de responsabilidad penal |
| Auditorías Patrimoniales Activas en GADS | 37 exámenes | En fase de ejecución técnica por los auditores |
| Auditorías de Gestión Anual | 1.500 exámenes/año | Incrementado desde una base histórica de 1.000 anuales |
| Exámenes a Declaraciones Juramentadas | 300 exámenes/año | Incrementado sustancialmente desde un promedio de 20 |
En relación con nuevos compromisos institucionales, Torres confirmó que en el mes de agosto se iniciará un examen especial para auditar los últimos cinco años de gestión del Consejo Nacional Electoral, liderado hasta el pasado 11 de junio por Diana Atamaint. El Contralor privatizó que esta labor se organizará respetando un calendario estricto y coordinado para no entorpecer los comicios electorales en curso. Del mismo modo, el funcionario aseguró que la Contraloría mantiene activos cuatro de los siete exámenes especiales imprevistos solicitados por el Consejo de la Judicatura para revisar su periodo administrativo 2020-2026.
Denuncias sobre irregularidades pasadas
Por último, Torres denunció haber formalizado ante la Fiscalía el hallazgo de graves irregularidades perpetradas por administraciones previas en la Contraloría. Explicó que se detectó el mal uso del denominado "recurso extraordinario de revisión" —figura legalmente inexistente en el Código Orgánico Administrativo (COA)— para desvanecer millonarias responsabilidades a favor de terceros, así como el uso de documentos falsificados de forma estrictamente política.
"Ya presentamos a la Fiscalía esta situación de este recurso extraordinario de revisión que se ha hecho uso para desvanecer losas millonarias... adicional también estamos presentando sobre un cálculo que se han inventado una fórmula que no existía", puntualizó el Contralor.
