El abogado Marcelo Espinel Vallejo advirtió que Ecuador atraviesa un momento crítico en su escenario político e institucional, debido a decisiones que, según afirmó, ponen en duda la vigencia de la democracia. Durante una entrevista con Manavisión Plus, analizó la suspensión de movimientos políticos, el concurso para Fiscal General y las próximas elecciones seccionales.
- ¿Cuál es su opinión sobre la suspensión del movimiento Amigo?
Es una situación preocupante. Ha venido escalando una serie de decisiones que ponen en duda la vigencia de uno de los pilares de la democracia: que se realicen elecciones libres, transparentes y justas.
Lamentablemente, cuando vemos que se toman decisiones en contra de cualquier partido político aquí no es un tema de defender o no a la Revolución Ciudadana impidiendo que pueda participar, son alertas que debemos tener en cuenta porque podría estarse instaurando un sistema autocrático que impide la participación de la oposición.
- ¿Se puede considerar esto como una especie de persecución política o es simple coincidencia?
Si se toman decisiones únicamente en contra de una organización política o en contra de ciertos actores políticos, se puede hablar del uso del Estado para perseguir y para impedir la participación de la oposición.
Hay que ver el contexto en un panorama más amplio: no únicamente se suspendió a la Revolución Ciudadana, sino también a su vehículo político alterno, que en este caso iba a ser el movimiento Amigo.
Si vemos adicionalmente el caso de Aquiles Álvarez, que tiene cuestionamientos al respecto de haberle impedido continuar al frente de la Alcaldía; y el caso de Cristian Zamora en Cuenca, donde un alcalde de oposición está impedido de ser reelecto e incluso de continuar en el cargo. Al ver este panorama más amplio, se evidencia que tal vez la intención del oficialismo es tener una cancha inclinada a su favor.
- ¿Qué posición debería tomar la ciudadanía y ustedes como Fundación Ciudadanía y Desarrollo?
Hemos sido claros al respecto de seguir denunciando este tipo de violaciones al Estado de Derecho y alertar a la ciudadanía que estas decisiones van en contra de la democracia, si esto se hacía hace 10 años, no es razón para justificarlo ahora.
Si hace una década criticamos cómo el correísmo cooptaba las instituciones y persigue la disidencia, es importante denunciarlo ahora. Lo que estuvo mal en el pasado sigue estando mal en el presente; no porque haya cambiado el actor las cosas se justifican.
- Algunas personas sostienen que estas decisiones responden a una lógica de revancha política. ¿Qué opina?
No deberían funcionar así las cosas. Lamentablemente, esto nos hace daño como país. Si los ciudadanos callamos frente a este tipo de violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos y a los principios democráticos por parte de los gobernantes, las consecuencias pueden ser peores en el futuro.
No podemos permitir que, bajo la excusa del pasado, los gobernantes continúen tomando decisiones que no benefician a los ecuatorianos.
-¿Cree que esto le puede resultar contraproducente al Gobierno en su objetivo político de captar la mayor cantidad de alcaldías, prefecturas y concejalías?
La victoria en unas elecciones seccionales, bajo la lógica del deber ser, debería estar relacionada a la gestión y a responder a las necesidades de la gente. Pero en lugar de disputar las alcaldías y prefecturas de esa forma, lo que se busca es ganar con una cancha inclinada.
La gente no es tonta; está muy consciente de las falencias del Gobierno en la prestación de servicios básicos, de la crisis en salud y educación, y de que la inseguridad, lejos de solucionarse, aumenta.
Esto podría resultar en un revés para el régimen. El adelanto de elecciones a noviembre fue la primera alerta de cómo se quería inclinar la cancha, y la proscripción de partidos o el impedimento a actores de oposición puede terminar siendo una muy mala estrategia.
- ¿Consideran que debe seguir existiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el Estado ecuatoriano?
Institucionalmente hemos sido muy claros, el CPCCS es un error dentro del diseño institucional ecuatoriano. El creer que va a estar integrado por los ecuatorianos más capaces y sin intereses políticos es un despropósito; nada más alejado de la realidad.
Se ha puesto en evidencia en todas sus integraciones, no solo en la actual presidida por Andrés Fantoni, sino también en las anteriores. Lo que ha hecho esta institución es responder a los intereses políticos de turno, sin designar a los mejores perfiles para las instituciones de control.
Ahora bien, hemos sido claros en que su desaparición debe responder a lo que dice la Corte Constitucional: únicamente puede eliminarse a través de una Asamblea Constituyente. El año pasado se convocó una y los ecuatorianos dijeron que no, por lo que debemos continuar con el CPCCS dentro de la estructura actual.
- ¿Existe alguna alternativa legal o política para quitarle estas atribuciones al CPCCS de forma definitiva?
El Presidente de la República tiene en sus manos la posibilidad de someter a consulta popular la eliminación de sus facultades de designación. La Corte Constitucional ya le autorizó convocar para que decidamos si queremos que esas facultades pasen a la Asamblea Nacional.
Llama la atención que no lo haya hecho: ¿será temor a perder la consulta o preferencia por tener un nuevo CPCCS controlado por el Gobierno para designar a las autoridades de forma indirecta?
- ¿Cómo visualiza el panorama del concurso para el nuevo Fiscal General del Estado?
Es un concurso que no se ha llevado de la mejor manera. El CPCCS le debe al país un fiscal desde abril de 2025, fecha en la que debía reemplazar a Diana Salazar. Ha pasado más de un año y no se ha cumplido. Se prometió que para julio de 2026 tendríamos fiscal y nuevamente se aplazan los resultados.
Es irrespetuoso con los ecuatorianos, no solo por el cambio de plazos, sino por el incumplimiento de reglamentos. Que el proceso se haya paralizado 35 días por las vacaciones del presidente del CPCCS es una afrenta que debe rechazarse.
Además, la calificación errónea a varios postulantes para favorecer al actual fiscal encargado, Carlos Alarcón, es otra grave alerta. Es un concurso sin confianza que al parecer busca direccionar la elección para mantenerlo en el cargo por seis años más.
- ¿Tendremos un nuevo Fiscal General designado este año?
Hay muchas variables. Una es que los actuales consejeros no quieran continuar con el proceso y se lo dejen a las nuevas autoridades que se posesionarán en mayo próximo. La otra variable es que el Presidente convoque a la consulta popular para retirarles esa competencia y llevarla a la Asamblea Nacional.
Este Consejo de Participación le debe mucho al país: no solo con el concurso de fiscal, sino con la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la designación del Defensor del Pueblo y la renovación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Son autoridades que ni siquiera rinden cuentas ni le dan la cara al país.
- Si la competencia de designación regresa a la Legislatura, ¿cómo evitar que se repita la repartición de cuotas de poder entre partidos?
A diferencia de décadas anteriores, ahora nos pretenden decir que quienes llegan son ciudadanos independientes. Lo que se observa es una hegemonía, tal vez del oficialismo, en la designación de autoridades, tal como sucedió en los gobiernos de Lasso, Moreno y Correa.
Cuando la designación pasa a la Asamblea Nacional, obliga a transparentar los acuerdos e intereses políticos, volviéndose más auditables para la ciudadanía y la prensa. Se pueden abrir etapas de impugnación más amplias, no solo para ciudadanos sino para otras fuerzas políticas, equilibrando la cancha.
A la larga, es más difícil negociar políticamente 151 voluntades parlamentarias que controlar únicamente a siete personas dentro del CPCCS. El diseño del Consejo no le ha hecho ningún bien al país.
- Para el proceso electoral de noviembre, ¿existen garantías de que se respete la voluntad popular en las urnas?
Tal como ha sido manejado este proceso electoral, lo mínimo que debemos hacer los ecuatorianos es dudar.
Adelantar las elecciones a noviembre bajo el pretexto del Fenómeno del Niño fue una clara muestra de que al Gobierno los números no le daban para llegar a febrero de 2027 y buscó adelantar los comicios para rescatar un mejor resultado.
La proscripción de partidos y la inhabilitación de opositores evidencian la intención de ganar a toda costa. Es imprescindible que la ciudadanía se mantenga vigilante para exigir transparencia y evitar que se vulnere la decisión del soberano en las urnas.
