La Policía Judicial recibió la disposición de ubicar y detener a Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, además de Fernando Peñaherrera Venegas y César Bravo Ibáñez.
La orden fue emitida por un juez dentro del caso Goleada, luego de aclarar el procedimiento para ejecutar la prisión preventiva que ya había sido dictada contra los cuatro investigados por presunto lavado de activos.
Policía ejecutará la orden judicial
El oficio fue emitido por el juez Jairo García, de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
Con este documento, el magistrado instruyó a la Policía Judicial que realice la inmediata localización y captura de los cuatro procesados para cumplir la medida de prisión preventiva.
Cambio de medidas cautelares
La orden de captura se deriva de la resolución emitida por el juez el pasado 6 de julio, cuando aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado para reemplazar las medidas cautelares por prisión preventiva contra Aquiles Álvarez, Antonio Álvarez, Xavier Álvarez, Fernando Peñaherrera y César Bravo, quienes forman parte de la investigación del caso Goleada.
No obstante, la disposición de búsqueda solo corresponde a cuatro de ellos, ya que Aquiles Álvarez permanece privado de libertad en el Centro de Privación de Libertad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
El alcalde fue trasladado a ese centro penitenciario el pasado 9 de marzo, después de haber permanecido en la cárcel de Cotopaxi tras su detención en febrero.
El proceso avanza hacia la etapa preparatoria de juicio
La investigación del caso Goleada involucra a 26 procesados, entre personas naturales y jurídicas, por el presunto delito de lavado de activos. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de evaluación y preparatoria de juicio, cuya audiencia fue convocada para los días 16 y 17 de julio de 2026.
Tras el cambio de las medidas cautelares, Aquiles Álvarez, Antonio Álvarez, Xavier Álvarez, Fernando Peñaherrera y César Bravo presentaron recursos de apelación para que una instancia superior revise la decisión de prisión preventiva.
