La seguridad social aparece como uno de los frentes sensibles dentro de la Programación Fiscal 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas. El documento oficial no plantea un riesgo operativo inmediato para el pago de pensiones del IESS, pero sí advierte presiones fiscales relevantes que podrían afectar la sostenibilidad del Presupuesto General del Estado (PGE).
El análisis se concentra en tres entidades: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).
Según el documento, estas tres entidades concentraron en el PGE 2025 el 7,32% del gasto público, lo que refleja su peso dentro de la estructura fiscal. Ese tamaño explica por qué cualquier obligación pendiente, reforma legal o fallo judicial relacionado con seguridad social puede convertirse en un riesgo para las cuentas públicas.
La deuda con el IESS
El principal riesgo identificado es la falta de espacio presupuestario para pagar la deuda con el IESS. El documento lo clasifica como un riesgo extremo.
Este riesgo consiste en que el Estado mantiene obligaciones pendientes con el IESS por dos vías principales: la contribución estatal del 40% para pensiones jubilares y valores vinculados con prestaciones de salud. El documento señala que los montos acumulados superan los USD 8.500 millones.
La preocupación fiscal aumenta porque una reforma reciente a la Ley de Seguridad Social obliga al Estado a cancelar esa deuda en un plazo de 10 años. Esto implica que el PGE deberá encontrar espacio anual para cumplir esos pagos, en medio de otras obligaciones rígidas como salarios, salud, educación, seguridad, subsidios, bonos sociales e intereses de deuda.
Por eso se considera un riesgo extremo: no solo por el monto, sino porque existe una alta probabilidad de que la programación anual de recursos no alcance para cubrir todas las obligaciones al ritmo exigido.
Nuevas prestaciones
El segundo factor de riesgo es la posible creación de nuevas prestaciones de seguridad social en el IESS, como jubilaciones anticipadas u otros beneficios.
El problema no está en el beneficio en sí, sino en que pueda aprobarse sin financiamiento suficiente. El documento advierte que estas decisiones podrían generar presiones adicionales sobre el Presupuesto si se tramitan por dinámica política sin contar con estudios actuariales, fuentes de pago o aval fiscal.
Este riesgo es calificado como alto, porque su probabilidad se considera media, pero su consecuencia sería mayor para el PGE.
ISSFA e ISSPOL
El tercer riesgo se relaciona con cambios normativos para el ISSFA e ISSPOL, especialmente en las reglas de contribución estatal para financiar pensiones de militares y policías en servicio pasivo.
Aquí el documento presenta un punto que requiere atención: la matriz visual de riesgo ubica este evento con probabilidad alta, consecuencia mayor y nivel extremo. Sin embargo, el texto explicativo posterior lo describe como un riesgo tolerable, al señalar una probabilidad baja y un impacto moderado.
Esa diferencia interna debería ser aclarada por la autoridad fiscal, porque cambia la lectura sobre la gravedad del riesgo. En cualquier caso, el origen del problema es el mismo: vacíos legales, obligaciones no reconocidas y posibles cambios normativos que podrían generar nuevas erogaciones estatales.
Fallos judiciales
El cuarto riesgo corresponde a fallos judiciales relacionados con el ISSFA. El documento lo califica como tolerable, aunque reconoce una probabilidad alta de ocurrencia.
La razón es que los procesos judiciales pueden obligar al Estado a realizar pagos no previstos. El impacto se considera menor, pero el problema está en la incertidumbre: no siempre se conoce con anticipación cuándo llegará una sentencia ni cuánto deberá pagarse.
Además, el documento advierte que no existe una herramienta formal suficiente para identificar y cuantificar estos pasivos contingentes, lo que dificulta la planificación presupuestaria.
Por qué importa la situación de la seguridas social
La seguridad social pesa de forma significativa en las cuentas públicas. Para 2025, las prestaciones de seguridad social fueron estimadas en USD 9.247 millones, equivalentes al 6,9% del PIB y al 22,3% de los gastos permanentes.
Para 2026-2029, la programación prevé que las prestaciones se mantengan alrededor del 6,8% del PIB. Además, proyecta un crecimiento anual de 6,2% en el número de pensionistas del IESS, que a diciembre de 2024 llegó a 848.944. La pensión promedio se estima en cerca de USD 624.
En paralelo, las contribuciones a la seguridad social se ubican alrededor del 4,6% del PIB y dependen del empleo y de la actividad económica. Esto crea una tensión estructural: los gastos previsionales crecen por envejecimiento, nuevos pensionistas y obligaciones legales, mientras los ingresos dependen de la formalidad laboral y del desempeño económico.
Medidas planteadas
El documento plantea medidas de mitigación: conciliación de cuentas entre el MEF y el IESS, definición de planes de pago, auditorías para reconocer valores de salud, convenios interinstitucionales y revisión de reformas con análisis de impacto fiscal.
El riesgo de la seguridad social no constituye una alerta aislada sobre el IESS, sino una presión estructural sobre el Presupuesto. Si el Estado no ordena pagos, deudas, nuevas prestaciones y contingencias judiciales, el sistema puede convertirse en una fuente creciente de tensión fiscal.
