La Asamblea Nacional analiza nuevas reformas legales orientadas a fortalecer la protección de los adultos mayores en Ecuador. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió este lunes 29 de junio de 2026 los aportes de expertos dentro del tratamiento de dos iniciativas relacionadas con este grupo poblacional: el Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y el Proyecto de Reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, para su protección.
El objetivo del debate legislativo es revisar mecanismos que permitan garantizar derechos de forma más ágil, reducir trabas administrativas y establecer normas más claras frente a situaciones de abuso, vulneración o afectación patrimonial.
Menos trámites y más protección
Durante la sesión, el experto en derecho penal David Crespo señaló que las leyes deben garantizar el desarrollo y la protección de los derechos de las personas adultas mayores de manera ágil y oportuna.
Uno de los puntos centrales fue la necesidad de evitar la tramitología que afecta a este segmento de la población. Según el criterio expuesto, la carga administrativa debe recaer en las entidades públicas y en los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos.
Este planteamiento apunta a que los adultos mayores no sean quienes tengan que enfrentar procesos largos o complejos para acceder a protección, atención o respuestas institucionales.
Violencia patrimonial contra adultos mayores, punto clave
Otro eje del análisis fue la violencia patrimonial contra personas adultas mayores. Crespo consideró necesario determinar con claridad cuáles son las circunstancias que configuran este delito. La precisión legal, dijo, permitiría evitar interpretaciones erróneas o confusiones con otros delitos ya tipificados en la legislación penal.
También planteó que, cuando en estos hechos participen personas del entorno cercano del adulto mayor, como familiares o cuidadores, esa condición sea considerada como agravante para justificar una pena más severa.
¿Por qué importa esta reforma?
La discusión es relevante porque muchos adultos mayores dependen de terceros para trámites, cuidados, administración de bienes o manejo de recursos económicos.
Por eso, una reforma más clara puede servir para prevenir abusos, facilitar denuncias y orientar mejor la actuación de jueces, fiscales, instituciones públicas y organismos de atención social. En términos de servicio a la ciudadanía, la reforma podría beneficiar a los adultos mayores si logra reducir trámites, mejorar la respuesta institucional y precisar sanciones frente a casos de violencia patrimonial.
Niñez también entra en debate
La Comisión también trató el Proyecto de Reformas para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes.
El constitucionalista André Santos Espinoza advirtió sobre la necesidad de incorporar medidas eficaces para prevenir este fenómeno. Entre sus propuestas constan mecanismos de control frente a contenidos digitales utilizados para captar menores y el análisis de experiencias internacionales. La Asamblea continuará el proceso de construcción de estas normativas con observaciones técnicas y aportes de especialistas, antes de que los textos avancen en el trámite legislativo correspondiente.
