El caso Goleada dio un nuevo paso en el proceso judicial. La Fiscalía General del Estado solicitó al juez competente que convoque a la audiencia preparatoria de juicio, luego de concluir la instrucción fiscal.

El pedido comprende a 17 personas naturales y nueve personas jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quienes son investigados por el presunto delito de lavado de activos.

La institución informó que en esa diligencia presentará su dictamen acusatorio, documento en el que expone los elementos reunidos durante la investigación para sustentar su teoría del caso.

Con la solicitud, el proceso queda a la espera de que la autoridad judicial fije la fecha para la audiencia, en la que también intervendrán las defensas de los procesados.

El proceso pasa a una nueva fase

Según la Fiscalía, la investigación apunta a la existencia de un presunto esquema conformado por personas y empresas que habría permitido realizar operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de recursos y evadir los mecanismos de control establecidos por las instituciones del Estado.

Estas conclusiones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser analizadas durante las siguientes etapas del proceso.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la entidad señaló: "Concluida la instrucción fiscal de este caso, Fiscalía solicitó que se convoque a la audiencia preparatoria de juicio para presentar el dictamen acusatorio contra 17 personas naturales y 9 jurídicas, por el presunto delito de lavado de activos".

Antecedentes del caso

La investigación conocida como caso Goleada comenzó tras una serie de diligencias desarrolladas por la Fiscalía para determinar la presunta existencia de una estructura dedicada al lavado de activos mediante operaciones comerciales y societarias.

Como parte del proceso, el Ministerio Público formuló cargos contra varias personas naturales y jurídicas, entre ellas Aquiles Álvarez y compañías relacionadas con su entorno.

Durante la etapa de instrucción fiscal se practicaron pericias financieras, recopilación de documentación, recepción de versiones y otras diligencias previstas en el Código Orgánico Integral Penal.

Además, el caso incluyó audiencias para revisar medidas cautelares solicitadas tanto por la Fiscalía como por algunos de los procesados.

Con el cierre de la investigación, el expediente entra ahora a la fase preparatoria de juicio. En esa audiencia, la Fiscalía presentará formalmente su acusación, mientras que las defensas podrán responder a los argumentos expuestos.