El uso de uniformes policiales y militares por parte de organizaciones criminales podría ser castigado con penas más severas en Ecuador. La Asamblea Nacional aprobó recientemente una reforma legal que endurece las sanciones contra quienes utilicen de manera fraudulenta insignias, distintivos e indumentaria de las fuerzas del orden para engañar a la ciudadanía o facilitar la comisión de delitos.

La iniciativa surge en medio de una creciente preocupación por una práctica cada vez más frecuente entre grupos delictivos, que utilizan vestimenta similar a la de policías o militares para ingresar a viviendas, ejecutar secuestros, realizar falsos operativos o vulnerar los controles de seguridad en urbanizaciones privadas.

Nuevas sanciones

La Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales establece penas de entre tres y cinco años de prisión para quienes simulen procedimientos, controles u operativos utilizando uniformes o distintivos oficiales con el propósito de inducir al error a terceros.

La sanción aumenta de cinco a siete años cuando la conducta involucre específicamente uniformes de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.

Además, la normativa contempla castigos para quienes fabriquen, importen, comercialicen o vendan este tipo de equipamiento de manera ilegal. Dependiendo de la gravedad del caso, las penas podrían oscilar entre uno y siete años de privación de libertad.

Un problema que va en aumento

Durante el debate legislativo se expusieron cifras que reflejan la magnitud de este fenómeno. En el primer trimestre de 2026 se registraron 550 procesos judiciales relacionados con usurpación y simulación de funciones.

Las provincias con mayor número de casos fueron Guayas, con 187 registros, y Pichincha, con 140. Sin embargo, la tasa de condenas no supera el 30 %, según datos presentados durante la discusión del proyecto.

Para la asambleísta independiente Jhajaira Urresta, la reforma dota al sistema judicial de herramientas más sólidas para procesar este tipo de delitos y evitar que los casos terminen sin sanciones efectivas.