Un juez dictó una sentencia de 3 años de privación de libertad contra el expolicía Antonio Olger G., tras hallarlo culpable como autor directo del delito de falsificación y uso doloso de documento falso en el cantón Cañar.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado comprobó que el exfuncionario presentó dos reposos de salud fraguados ante el departamento de Talento Humano de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) para justificar ausencias laborales.
El hallazgo del fraude
El descubrimiento de la irregularidad ocurrió cuando el encargado de Talento Humano procedió a verificar la validez de los reposos presentados por el procesado, los cuales sumaban 20 días de descanso. Al escanear los códigos QR impresos en los escritos, constató que estos no redirigían al portal institucional oficial.
Ante la sospecha, el encargado contactó al médico firmante, quien confirmó no haber emitido los documentos y detalló que en esas fechas se encontraba de vacaciones.
Durante la etapa de juzgamiento, el fiscal del caso sustentó la acusación mediante testimonios clave y peritajes técnicos. Entre las pruebas presentadas constan las declaraciones de los funcionarios involucrados, el reconocimiento del lugar de los hechos y el informe de pericia documentológica elaborado por Criminalística, el cual determinó formalmente que las firmas y certificados eran falsificados.
Marco legal del caso
La condena impuesta a Antonio Olger G. se fundamentó en el artículo 328 (incisos 1, 2 y 3) del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa sanciona la falsificación y el uso doloso de documentos públicos o privados con penas que oscilan entre los 3 y los 5 años de cárcel.
Antecedentes y contexto institucional
Este fallo judicial se suma a las acciones institucionales orientadas a sancionar irregularidades y faltas a la ética dentro de los organismos de seguridad pública. El caso sienta un precedente sobre el control riguroso de la documentación administrativa en las dependencias policiales del país, donde la verificación digital mediante herramientas tecnológicas resulta clave para detectar fraudes e iniciar los correspondientes procesos penales contra exservidores que incurran en delitos contra la fe pública.
